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La noche del 9 de julio se apagó la voz de Araceli Julio, referente del ska argentino, madre de dos hijos y símbolo involuntario de la devastación que provoca la “motosierra” sobre el derecho a la salud. El Hospital Central de San Isidro certificó su muerte por un cáncer de mama metastásico que el Estado agravó al suspender la provisión de trastuzumab emtansina, una droga que cuesta cinco millones de pesos por ampolla.
Un año antes, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) le había cortado el suministro junto a unos 1900 expedientes oncológicos paralizados desde diciembre de 20233. Desesperada, Julio presentó un amparo y la Justicia ordenó restituirle la medicación; sin embargo, el Gobierno apeló el fallo y demoró la entrega. Cuando las ampollas llegaron, el cáncer había avanzado.
Su caso no es aislado. Organizaciones de pacientes contabilizaron más de 60 muertes en 2024 por la misma interrupción terapéutica. La situación detonó una cautelar que el 30 de diciembre obligó al Ejecutivo a resolver los expedientes en diez días, orden que Milei sorteó disolviendo la DADSE y creando otra oficina mientras insistía con la apelación.
La tragedia de Araceli desnuda la lógica del ajuste: auditorías eternas, oficinas cerradas y una burocracia que convierte a los enfermos en estadísticas. Mientras el Ministerio de Salud arrastra una deuda de $26.500 millones con proveedores y reconoce más de 1500 trámites sin resolver, el gobierno celebra “eficiencia” recortando vidas.
En lo artístico, Julio deja tres discos con Satélite Kingston, giras latinoamericanas y clásicos como “La última carta”, interpretado ante 30 mil personas en Skatex 20244. Su último EP, Justo cuando creías que no, quedó como despedida.
Sus compañeros la despidieron con un mensaje que resume el dolor: “Tendremos siempre la dulce compañía de su voz”. La sociedad, en cambio, se queda con la obligación de exigir que ningún otro cuerpo pague con su muerte una política que confunde cuentas públicas con vidas privadas.
