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El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha de los seguros de cese laboral, un instrumento financiero que busca reemplazar la tradicional indemnización por despido establecida en la Ley de Contrato de Trabajo. La medida, reglamentada por la Resolución 347/2025 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), ya está vigente y se presenta como una opción de adhesión voluntaria dentro de los convenios colectivos de trabajo.
El sistema, inspirado en el modelo utilizado desde hace años en la industria de la construcción, implica que el empleador realice aportes periódicos a una cuenta individual a nombre del trabajador, administrada por compañías de seguros de vida o retiro. Al momento del despido, el fondo acumulado reemplazará la indemnización por antigüedad, tradicionalmente calculada en función de los años de servicio.
Desde el oficialismo se sostiene que esta medida “facilita la resolución de la relación laboral de manera sencilla, precisa y clara”, otorgando previsibilidad financiera y promoviendo la formalización del empleo. Sin embargo, la iniciativa genera fuertes críticas y preocupación en el mundo sindical y entre los especialistas en derecho laboral: la voluntariedad del sistema depende del acuerdo entre sindicatos y cámaras empresarias, lo que podría abrir la puerta a presiones sobre los trabajadores y a una paulatina erosión de derechos históricos.
El nuevo régimen también permite que el empleado realice aportes voluntarios, generando un fondo de ahorro personal, y prevé que los fondos sean invertidos por las aseguradoras para aumentar su rendimiento. El saldo es inembargable y solo puede retirarse en caso de desvinculación bajo las causales especificadas en la póliza.
El trasfondo de la medida no es menor: más de 115.000 empleos privados se perdieron desde la asunción de Milei, mientras crece la precarización y el trabajo independiente. En este contexto, la sustitución de la indemnización tradicional por un seguro administrado por el sector financiero plantea interrogantes sobre la verdadera protección del trabajador frente al despido y el papel del Estado como garante de derechos laborales.
¿Es este un paso hacia la modernización y previsibilidad del sistema laboral, como argumenta el Gobierno, o una nueva avanzada de la flexibilización que debilita la posición del trabajador frente a la patronal?
