Texto de la convocatoria:
El año pasado miles de estudiantes y docentes en todo el país, salieron a reclamar mayor presupuesto para la educación pública. La no convocatoria a mesa paritaria y el riesgo concreto de cierre de universidades por falta de fondos, tuvieron como respuesta inmediata el no inicio de clases, asambleas multitudinarias, movilizaciones y tomas de edificios. El conjunto de reclamos de la comunidad educativa, tenían como eje central el rechazo al ajuste llevado adelante por el gobierno nacional de Mauricio Macri y el FMI.
La UNC fue uno de los principales epicentros de la lucha educativa, con la toma de 6 facultades y el Pabellón Argentina. A través de la Asamblea Interfacultades, también se desarrollaron reclamos específicos hacia el rectorado de la universidad -conducido por Hugo Juri (UCR) y Yanzi Ferreira (PJ)- que se encuentra alineado al gobierno de Cambiemos. Estas exigencias fueron desoídas por el oficialismo de la universidad, que utilizó distintas maniobras para intentar desmovilizar.
Luego del levantamiento de los procesos de toma, la Justicia Federal de la mano de la fiscal Graciela Filoñuk imputó a 27 estudiantes y una docente por su participación en la lucha. La información utilizada para poder llevar adelante esta persecución, fue aportada por las mismas autoridades de la UNC, por lo que su co-responsabilidad la criminalización de la protesta es innegable. En igual situación se encuentra el Ministerio de Educación de la Nación, quien viene incitando la apertura de causas judiciales y la aplicación de sanciones académicas a quienes participaron de los conflictos educativos de mayor profundidad. En esa dirección van la judicialización, expulsión y exoneración a docentes y estudiantes en la Universidad Nacional de Río Negro, los procesamientos a estudiantes terciarios de CABA y las sanciones a padres de estudiantes secundarios.
El 26 de junio, el Juez Hugo Vaca Narvaja, ha resuelto procesar bajo la figura de “usurpación con despojo” a les 27 estudiantes y dictar falta de mérito con respecto a la docente imputada. Esta nefasta definición, que nada tiene que ver con la defensa de los Derechos Humanos, ratifica la disposición de la justicia de aplicar las medidas que hoy necesita el gobierno nacional. En este sentido, la judicialización de les compañeres tiene como objetivo central desmovilizar a quienes salimos a luchar contra el brutal ajuste en marcha. Frente a esta política de persecución a quienes luchamos, reinvindicamos el camino de la rebelión educativa del año pasado y vamos a continuar la pelea contra el ajuste de Macri y el FMI.
Repudiamos el procesamiento a les estudiantes y exigimos el cierre inmediato de la causa judicial. Asimismo, llamamos al conjunto de organizaciones de Córdoba y el país a sumarse a las distintas actividades contra la criminalización de la protesta.
đ¡Luchar no es delito!
Asamblea Interfacultades UNC
