Una familia de cinco palestinos vivió una experiencia traumática al intentar ingresar a Argentina, en medio de un contexto migratorio tenso influenciado por el alineamiento del gobierno autoritario de Javier Milei con Estados Unidos e Israel.
Mundo01 de julio de 2025
Sures Noticias
Los Abu Farha, una familia de empresarios cristianos de Belén, llegó al aeropuerto de Ezeiza el 16 de junio con toda su documentación en regla, incluyendo visas emitidas por laEmbajada Argentina en Tel Aviv, cartas de invitación y reservas de hotel. Sin embargo, fueron retenidos durante 16 horas, sometidos a condiciones inhumanas y finalmente deportados.
La familia explicó que, tras varias horas sin recibir información, un agente de migración les pidió firmar un documento que, según les dijeron, les permitiría acceder a una zona de descanso y comida. Sin embargo, lo que firmaron fue una autorización para su deportación. En diálogo con Página/12, Sandy Bassam Hanna Abu Farha, una de las hijas, expresó: “Todo fue ilegal. Nos engañaron y no nos brindaron traducción”.
El gobierno argentino justificó el rechazo de ingreso por una alerta internacional relacionada con uno de los miembros de la familia, pero no ofreció detalles sobre la naturaleza de esta alerta. La familia sostiene que se trata de una confusión con otra persona con nombre similar y mostró documentación que prueba su buena conducta a nivel internacional.
El hecho se produce en un clima de creciente tensión en Medio Oriente y bajo una política migratoria que se asemeja a la del expresidente estadounidense Donald Trump. Desde el inicio de su gestión, Milei ha impulsado un endurecimiento del régimen migratorio a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025.
Expertos en derechos humanos han señalado que este caso refleja discriminación por nacionalidad y posible temor político ante el contexto internacional. La supuesta alerta migratoria, de existir, debería haber sido un aviso, no una medida que impidiera su ingreso a Argentina, país históricamente conocido por su apertura hacia migrantes.
Después de casi 25 horas en Ezeiza, los Abu Farha fueron deportados en un vuelo a Estambul, donde enfrentaron dificultades para regresar a su hogar debido a la falta de visas para permanecer en Turquía. Este caso ha alertado a diversas organizaciones sobre la vulneración de los derechos humanos y ha resaltado la necesidad de una revisión de las políticas migratorias en el país.
Rechazo de ingreso y la marca en falso turista
Según pública Pagina 12 para una fuente que conoce en detalle la Dirección Nacional de Migraciones, lo que sucedió fue “una mezcla de miedo y querer quedar bien con Israel”. La misma persona señala como casi imposible que esto haya sucedido sin la decisión de un funcionario político. Mucho más viniendo de un país que está en conflicto bélico. Sebastián Seoane, el actual director nacional de Migraciones, es un funcionario técnico de mucha experiencia. Un hombre de carrera. Si este caso hubiera llegado más arriba para hacer una consulta, ¿en qué ministerio habría sonado el teléfono? En seguridad, la cartera de Patricia Bullrich.
El fundador de WikiLeaks denunció penalmente a la Fundación Nobel por el galardón a María Corina Machado, a la que acusa de incitar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El caso expone cómo la política de potencia reconfigura el sentido del premio y tensiona el propio testamento de Alfred Nobel.
En un gesto sin precedentes dentro del bloque, Argentina se negó a firmar la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, político que refleja el viraje conservador y un retroceso en materia de derechos sexuales, reproductivos y combate a la violencia de género bajo la administración de Javier Milei.
En unas elecciones marcadas por la baja participación y votos nulos, la independiente Catherine Connolly se impuso con más del 64% de los votos y representa un claro desafío al tradicional gobierno de centroderecha. Su triunfo agita el escenario político europeo e irlandés, evidenciando el desencanto social y el auge de las posturas críticas frente a la elite gobernante.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.