Trabajadores y trabajadoras de la provincia de Córdoba, junto a organizaciones de economía popular, han convocado a una jornada de protesta para el miércoles 2 de julio. Bajo la consigna "¡Así no se puede vivir!", el evento se llevará a cabo a las 10:30 horas en la Plaza San Martín, frente al Cabildo.
Córdoba30 de junio de 2025
Sures Noticias
La actividad, organizada por la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, la CTF, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina y el Frente de Organizaciones en Lucha, busca visibilizar la creciente precarización laboral que enfrentan las y los trabajadores. En un contexto de ingresos insuficientes y jubilaciones mínimas, se exige al Estado implementar políticas públicas efectivas que garanticen empleo digno y la defensa de los derechos laborales.
La jornada incluirá una radio abierta y una asamblea pública, donde se compartirán realidades y reclamos de los trabajadores, acompañando la histórica ronda de jubiladxs. Se hace un llamado a sindicatos, gremios, estudiantes y a la sociedad civil a unirse en esta lucha por un cambio significativo en la política laboral. La unión y solidaridad son necesarias para enfrentar la crisis que afecta a miles de personas.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.