El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
Argentina03 de julio de 2025
Sures Noticias
En el marco de crecientes detenciones a opositores por acciones de protestas, la reciente detención en Chaco de un jubilado de 63 años, identificado con el seudónimo “Elpidio Sánchez” en redes sociales, acusado de amenazar al presidente Javier Milei, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a periodistas como Luis Majul y Eduardo Feinmann, debe ser analizada con suma cautela. Lejos de tratarse de un caso aislado o meramente judicial, el operativo llevado a cabo con espectacularidad en su domicilio y lugar de trabajo confirma una tendencia creciente: la utilización del aparato estatal para perseguir penalmente expresiones políticas incómodas o de amenazas al poder político y sus miembros.
El detenido, integrante de un gremio docente chaqueño y autodefinido como “antisionista” y “pro palestino”, habría compartido imágenes controvertidas y mensajes cargados de tono confrontativo y amenazante. Sin embargo, lo que en otras democracias se aborda como libertad de expresión —incluso cuando esta resulta ofensiva o provocadora— en la Argentina de Javier Milei sin mediar se convierte en una excusa para el encarcelamiento preventivo, el secuestro de bienes personales y la exposición pública humillante de ciudadanos opositores.
El caso, caratulado como “averiguación de delito” y radicado en el Juzgado Federal de Ariel Lijo, se suma a una serie de episodios en los que se desplegaron medidas desproporcionadas para castigar a quienes osan confrontar al presidente o a su entorno ideológico. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como metodo persecutorio—, pero sí de cuestionar el doble estándar, el uso político de la Justicia y la creación deliberada de un clima de criminalización contra sectores sociales, sindicales y militantes.
Un estado que su gobierno espía y reprime
La propia génesis de la causa revela aspectos inquietantes: la denuncia fue originada por tareas de “monitoreo digital preventivo” a cargo de la Policía Federal. En otras palabras, el Estado nacional y sus brazos de seguridad están vigilando sistemáticamente lo que la ciudadanía publica en sus redes personales. La vigilancia masiva, el seguimiento de perfiles críticos y la rápida judicialización de contenidos no hacen más que retrotraernos a épocas oscuras de la historia argentina, donde el “delito de opinión” funcionaba como herramienta de disciplinamiento social, incLuso violaciones a los DDHH.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿hubiera reaccionado igual el aparato judicial si las amenazas hubieran sido contra referentes de la oposición o contra periodistas críticos al oficialismo? Todo indica que no. El caso contrasta, por ejemplo, con la impunidad de los grupos organizados que promueven discursos de odio desde la ultraderecha y la del propio Milei, sin que haya un solo operativo ni una causa resonante por “intimidación o amenaza pública” cuando los agresores son aliados ideológicos del Gobierno.
La línea Milei-Netanyahu-Bullrich: un nuevo eje de represión
El alineamiento incondicional de Milei con el gobierno de Israel y con figuras como el genocida Netanyahu no sólo tiene consecuencias en la política exterior. También opera simbólicamente en el plano interno: todo aquel que exprese solidaridad con el pueblo palestino o critique al sionismo corre el riesgo de ser etiquetado como “antisemita”, “extremista” o “amenaza terrorista”.
La detención del hombre chaqueño —que expresó opiniones políticas en línea con la causa palestina— se da en simultáneo con una campaña mediática que asocia a ciertos sectores populares y militantes con el “terrorismo internacional”. Esta narrativa estigmatizante no es nueva, pero ahora encuentra en el Gobierno de La Libertad Avanza una plataforma institucional para avanzar sobre derechos básicos: la libre expresión, la protesta, la militancia gremial.
A esto se suma el rol cada vez más protagónico de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien viene impulsando una lógica de “tolerancia cero y violencia sin limites” hacia toda forma de disidencia. La ministra no parece distinguir entre una amenaza creíble y una consigna política emitida en tono de protesta, en medio de una manifestación o en redes sociales. La represión preventiva se convierte así en norma, y la prisión, en método disciplinador.
¿Hasta dónde vamos a tolerar esto?
Los casos de detenciones en Salta, Chaco, Berazategui, Plaza de Mayo y Barracas cuyas invetigaciones politica "con excusa de lo delitivo" revelan una metodología que se expande: se busca castigar, instalar el miedo. Quien critique, quien se oponga, quien se atreva a decir lo que piensa puede terminar preso, sin juicio, sin condena y sin garantías.
Frente a este panorama, el silencio institucional y mediático es ensordecedor. Gran parte del periodismo —especialmente los mencionados como “víctimas” de amenazas— elige el rol de querellante antes que el de garante de las libertades civiles. La doctrina del “si te metés con Milei, te metés con todos” encuentra eco en una estructura represiva que ya no apunta solo a líderes políticos o sindicales, sino también a ciudadanos de a pie, jubilados, docentes, trabajadores.
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