Reclaman la liberación de detenidxs por escrache a Espert

Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que en el primer año de la administración de Javier Milei, más de 12.000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) cerraron sus puertas. Este cierre masivo ha reducido el total de unidades productivas en el país a menos de 500.000, desde las 511.630 registradas en 2023.

Una carta firmada por una diversidad de representantes y organizaciones argentinas critica el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, acusándolo de comprometer la tradición de neutralidad y los principios de derechos humanos del país.

La funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires está acusada de vandalizar la casa de José Luis Espert. “Está presa por mujer y peronista”, aseveraron en un comunicado firmado por legisladores de Unión por la Patria.

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), conjuntamente con el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo (Right Livelihood College), informaron que “se solicitó a la justicia provincial una urgente medida cautelar (in extremis) para proteger la vida del quebracho blanco de 283 años de Villa Allende”.

Mientras el Gobierno Nacional utiliza los salarios como herramienta para consolidar la desinflación, Córdoba, gobernada por LLaryora, aliado de Milei, atraviesa un escenario de caída del empleo, ajuste real del salario y conflictos gremiales en alza. Las tensiones sociales crecen al compás de un modelo que prioriza las metas macroeconómicas sobre la recuperación del poder adquisitivo.

"Responsabilizo a Javier Milei por cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética: lo que debería hacer el Presidente es defender a la Argentina y a YPF", sostuvo este martes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—

Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".