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La propuesta fue respaldada por una amplia coalición que incluye a Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. Los rectores de las universidades y representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) habían presentado previamente miles de firmas en apoyo a la ley.
El diputado Christian Castillo, del Frente de Izquierda, destacó que la crisis salarial es crítica, citando que algunos docentes con 15 años de antigüedad ganan apenas 280,000 pesos. Castillo instó a crear una "tercera marcha federal universitaria" para respaldar la iniciativa.
Esteban Paulón, de Encuentro Federal, subrayó la dificultad para alcanzar este dictamen, afirmando que "sin salario no hay universidad". Por su parte, Hugo Yasky, de Unión por la Patria, consideró que el proyecto busca restituir un equilibrio en los salarios docentes y cuya calidad retributiva es crucial.
Lorena Pokoik, también de Unión por la Patria, argumentó que una universidad bien financiada es fundamental para el desarrollo del conocimiento, mientras que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció un ajuste deliberado del gobierno en el presupuesto universitario.
El dictamen establece una actualización de los gastos de funcionamiento para el período del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2024 y un mecanismo de indexación desde el 1 de enero de 2025, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, propone la actualización de los salarios docentes desde el 1 de diciembre de 2023 en un porcentaje no inferior al IPC y la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico durante 2025. También se prevé ajustes para programas de extensión, hospitales universitarios y becas.
