#Enajenación El Gobierno nacional anunció que licitará la hidrovía Paraná-Paraguay antes de fin de año
Así lo anticipó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en redes sociales. "Es un tema estratégico para la Nación", subrayó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado una audiencia para discutir los retrocesos en memoria, verdad y justicia en Argentina, desde que Javier Milei y Victoria Villarruel asumieron el poder. Esta audiencia se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2024 y permitirá que representantes de derechos humanos y funcionarios estatales expongan sus posturas.
Argentina28 de octubre de 2024Sures NoticiasLas preocupaciones incluyen la reivindicación de la dictadura por parte de funcionarios, visitas a genocidas encarcelados, el desmantelamiento de unidades encargadas de buscar bebés robados durante la dictadura y el cierre de equipos que analizaban archivos de las Fuerzas Armadas. Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han liderado la solicitud de esta audiencia.
La CIDH ha estado monitoreando la situación en Argentina y ha emitido pronunciamientos advirtiendo que los responsables de violaciones de derechos humanos no deben recibir indultos ni beneficios procesales. En esta audiencia se tratarán temas como los elogios de Milei a indultos previos, la propuesta de Villarruel para buscar soluciones legales para presos por crímenes de lesa humanidad, y la eliminación de unidades de investigación sobre la identidad, entre otros.
La situación de los sitios de memoria es crítica, con despidos de trabajadores y parálisis de proyectos esenciales. Además, se ha informado sobre intentos de normalizar las acciones de represores y deslegitimar las políticas de derechos humanos.
Así lo anticipó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en redes sociales. "Es un tema estratégico para la Nación", subrayó.
El Gobierno nacional dispuso un aumento de 2,5% para las tarifas de electricidad y de 2,7% para las de gas. Así quedó establecido luego de la publicación de las resoluciones correspondientes en el Boletín Oficial.
La sentencia judicial prohíbe la candidatura del gobernador de La Rioja, y la ex presidenta asumirá la presidencia del Partido Justicialista.
El desplazamiento de la canciller se suma a una larga lista de nombres que dejaron el gobierno libertario en menos de un año.
Mediante la aplicación usada para administrar información de trámites y servicios estatales, el Gobierno emitió un mensaje contra la acción sindical.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por °abuso de autoridad" a Martín Sabbatella, exdirector de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), durante el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios.
El trabajo revela que el 62% de los cordobeses se maneja con suficiencia en el mundo digital. Es el primer análisis cuantitativo de esta naturaleza realizado en el país. En los primeros nueve meses de la actual gestión provincial, CiDi cuenta con más 3.700.000 usuarios en la provincia.
Este miércoles se iniciará el juicio contra el exbombero del ETAC y exnovio de Luana Ludueña, acusado de presionarla para que retire la denuncia de abuso contra el exjefe de Defensa Civil, Diego Concha.
La Unidad Judicial de Marcos Juárez, pide colaboración para dar con el paradero de Giuliana Belén López, de 30 años, y de su hija, Jehovana López, de un año, que faltan del domicilio familiar en esa ciudad.
La unidad de asistencia para casos de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado solicitó a la justicia federal de Córdoba que emita una medida de no innovar, impidiendo así que el gobierno progrese con la venta de los terrenos de La Perla chica, sitio que operó como centro clandestino en la última dictadura.
Se inicia un nuevo juicio de lesa humanidad en Córdoba, relacionado con la causa Cornejo, que involucra a Antonio Sebastián y otros. El exsecretario penal Carlos Otero Álvarez enfrentará un juicio por 94 cargos, que incluyen abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de reportar detenciones ilegales ante las autoridades competentes.