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Las preocupaciones incluyen la reivindicación de la dictadura por parte de funcionarios, visitas a genocidas encarcelados, el desmantelamiento de unidades encargadas de buscar bebés robados durante la dictadura y el cierre de equipos que analizaban archivos de las Fuerzas Armadas. Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han liderado la solicitud de esta audiencia.
La CIDH ha estado monitoreando la situación en Argentina y ha emitido pronunciamientos advirtiendo que los responsables de violaciones de derechos humanos no deben recibir indultos ni beneficios procesales. En esta audiencia se tratarán temas como los elogios de Milei a indultos previos, la propuesta de Villarruel para buscar soluciones legales para presos por crímenes de lesa humanidad, y la eliminación de unidades de investigación sobre la identidad, entre otros.
La situación de los sitios de memoria es crítica, con despidos de trabajadores y parálisis de proyectos esenciales. Además, se ha informado sobre intentos de normalizar las acciones de represores y deslegitimar las políticas de derechos humanos.
