Detenidas políticas y cuestionamientos al sistema judicial: El caso Abaigar-Mieri expone la vulneración del Estado de Derecho en Argentina

Dos mujeres enfrentan un aparato judicial que organismos de derechos humanos denuncian como persecutorio. Alesia Abaigar y Eva Mieri, junto a otras detenidas, se han convertido en símbolos de lo que múltiples organismos de derechos humanos califican como detenciones políticas en Argentina. 

La militante y funcionaria del Ministerio de Mujeres bonaerense y la concejala de Quilmes permanecen bajo diversas formas de privación de libertad por participar en un escrache político contra el diputado libertario José Luis Espert el 17 de junio pasado12.

El caso adquiere dimensiones preocupantes cuando se analiza a la luz de las denuncias presentadas por organismos de derechos humanos y la actuación controvertida de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien enfrenta acusaciones de "mal desempeño" y persecución política3.

La situación actual de las detenidas políticas
Alesia Abaigar, de 38 años, directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, fue excarcelada el 7 de julio por la Cámara Federal de San Martín tras doce días de detención. Sin embargo, continúa bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y una caución de 30 millones de pesos fijada por la jueza Arroyo Salgado56. La defensa de Abaigar calificó el monto como "exorbitante" y "de muy dificultoso cumplimiento", equivalente a 94 salarios mínimos.

Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes y dirigente cercana a la intendenta Mayra Mendoza, permanece detenida en la Unidad VII del penal de Ezeiza. Su situación es particularmente grave, ya que la jueza rechazó su excarcelación argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.

Los organismos de derechos humanos se pronuncian
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se presentó como amicus curiae en la causa y denunció que los hechos imputados "no configuran delito" y podrían ser considerados, en el peor de los casos, como "una falta municipal" La organización destacó que "la colocación de un pasacalle con consignas provocadoras, el arrojo de estiércol en la vereda y el reparto de panfletos, deben ser interpretados en su carácter de expresión política simbólica".

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), organización que desde 1983 documenta la represión estatal, contextualiza estos casos dentro de un patrón más amplio de persecución política. CORREPI ha documentado sistemáticamente las políticas represivas del Estado argentino y alertó sobre el uso del sistema judicial para amedrentar a opositores políticos.

En tanto un grupo de organismos de derechos humanos envió una carta a la jueza Arroyo Salgado expresando su "preocupación" y señalando que "las medidas desplegadas por usted expresan una manifiesta desproporción, incompatible con el adecuado apego a las garantías del proceso penal". Los organismos advirtieron que la causa "tiene serias irregularidades que atentan contra el debido proceso" y ponen al país "en riesgo de incurrir en responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos".

El perfil controvertido de la jueza Arroyo Salgado
Sandra Arroyo Salgado, de 56 años, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por su actuación en este caso. La magistrada, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, enfrenta una denuncia por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones" presentada por los consejeros del Consejo de la Magistratura Mariano Recalde y Vanesa Siley.

En tribunales de Comodoro Py, según reportes periodísticos, algunos la califican como "la nueva Bonadio" y sugieren que "sobreactúa en busca de un cargo más importante". Su trayectoria judicial ha estado marcada por decisiones polémicas, incluyendo su apartamiento previo de una causa por narcotráfico tras denunciar presiones políticas.

La jueza ha sido criticada por aplicar el secreto de sumario en la causa, medida que el CELS calificó como "excepcional" por restringir "derechos fundamentales de la defensa". Además, ordenó el traslado de las detenidas a cárceles de máxima seguridad, decisión que organismos de derechos humanos consideran desproporcionada para los hechos investigados.

Contexto de persecución política sistemática
Este caso se enmarca en lo que múltiples analistas y organismos de derechos humanos describen como una escalada represiva del gobierno de Javier Milei. El presidente declaró públicamente que sus opositores "van a terminar presos", mientras que su administración ha implementado políticas sistemáticas de persecución a organizaciones sociales y opositores políticos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha documentado esta estrategia represiva, señalando que se utiliza "el aparato judicial como herramienta de disciplinamiento contra la oposición". La organización presentó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por "restricciones al derecho a la protesta" y "detenciones arbitrarias".

La Procuración Penitenciaria también se presentó en la causa para cuestionar las condiciones de detención de Abaigar, quien padece una enfermedad autoinmune que requiere tratamiento especializado. La funcionaria describió su experiencia como "un calvario" y "un show mediático" que afectó gravemente su salud física y mental.

Violaciones a estándares internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que el uso de máscaras o elementos de protesta no puede ser interpretado como señal de violencia. En el caso de Abaigar y Mieri, los organismos de derechos humanos señalan que los hechos investigados constituyen "expresión política simbólica" protegida por estándares internacionales.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU en su visita a Argentina en 2017 documentó "persistentes y sistemáticas violaciones de derechos" en el sistema penitenciario. El informe alertó sobre el uso de la prisión preventiva como "castigo de facto sin condena" y la "alta proporción de personas detenidas bajo este régimen".

Impacto en la democracia Argentina
El caso Abaigar-Mieri expone fracturas profundas en el sistema judicial argentino y plantea interrogantes sobre el estado de la democracia en el país. El diputado Juan Martín Malpeli presentó una denuncia penal contra la jueza Arroyo Salgado por abuso de autoridad, señalando que existe "una utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento contra la oposición".

La respuesta de sectores de la sociedad civil ha sido contundente. Diputados, senadores y dirigentes de diversos sectores se manifestaron frente al penal de Ezeiza para exigir la liberación de Eva Mieri. La secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora, denunció que "están usando el aparato represivo del Estado para la persecución".

El caso de Alesia Abaigar y Eva Mieri trasciende las circunstancias específicas de un escrache político para convertirse en un símbolo de las tensiones entre el poder judicial y los derechos fundamentales en Argentina. La confluencia de organismos de derechos humanos, legisladores de la oposición y organizaciones sociales en la denuncia de estas detenciones como "persecución política" plantea serias preocupaciones sobre el estado del sistema democrático actual en nuestro pais .

La actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, marcada por decisiones desproporcionadas y el uso de herramientas procesales cuestionables, ha generado un consenso crítico entre especialistas en derechos humanos. Su negativa a reconocer que los hechos investigados constituyen, en el peor de los casos, una contravención municipal, evidencia lo que los organismos califican como "desvío de poder" y "persecución política".

Este caso continuará siendo observado por organismos internacionales de derechos humanos como un indicador del deterioro del estado de derecho en Argentina. La respuesta de la sociedad civil y la comunidad internacional será crucial para determinar si el país puede revertir esta tendencia autoritaria o si se profundizará la criminalización de la protesta política y la persecución de opositores.