El acuerdista gobernador Martín Llaryora ve dificultada su relación con Javier Milei y el camino hacia el Pacto de Mayo por los despidos en el Estado. Aunque el gobernador consiguió retirar a las empresas de Córdoba de la lista de privatización, no ha podido evitar los despidos. Este conflicto pone en peligro el territorio. Hasta el momento, Llaryora, ha expresado su posición en principio a favor del Pacto de Mayo propuesto por Javier Milei. Aunque no ha rechazo la idea en sí, había señalado que hay mucho que discutir y que mayo queda muy lejos
Fechu 27 de marzo de 2024
Sures Noticias
Llaryora considera que el evento debe ser un diálogo entre todas las fuerzas políticas para que tenga legitimidad. Su enfoque es lograr una Argentina con previsibilidad de futuro, donde las reglas no se cambien arbitrariamente y se aseguren las inversiones, el trabajo y las condiciones fiscales para el crecimiento del país1. Además, destacó que Córdoba tiene las condiciones necesarias para ser la provincia donde se firme este pacto, debido a sus instituciones y valores.
El progreso del proyecto de Ley de Bases es un requisito para el acuerdo promovido por el Presidente. Existe controversia en torno al decreto de movilidad jubilatoria y los acuerdos elusivos.
Después de establecer la aprobación de la Ley de Bases o "Ley ómnibus" como un prerrequisito para la firma del Pacto del 25 de mayo, el presidente Javier Milei espera que la propuesta se presente al Congreso en los días venideros y se apruebe en primera instancia en la tercera semana de abril. Sin embargo, aún no se alcanza un consenso amplio y persisten incertidumbres sobre dos aspectos fundamentales: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y el Impuesto a las Ganancias.
Aunque en la Casa Rosada se muestran cautelosos y sostienen que aún "no hay fecha" para remitir al Congreso la actualizada Ley de Bases, los diputados de la oposición dialogante anticipan su llegada para la próxima semana. "Después de Semana Santa" es el plazo que se estableció tras las recientes reuniones con los representantes de Milei, de acuerdo con lo que revelaron al diario iProfesional fuentes de esos sectores.
Milei aseguró que el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, “abre dudas” sobre la firma del Pacto de Mayo previsto para el 25 de ese mes en la provincia de Córdoba.
En una entrevista con radio La Red, el Presidente aseguró “El DNU sigue vigente”, se vanaglorió al tiempo que señaló que su rechazo como la potencial caída de la Ley Ómnibus “abren dudas” sobre el acuerdo entre la Nación y los gobernadores conocido como Pacto de Mayo.
Milei ha indicado, tanto en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo como tras el rechazo del Senado a su "mega DNU", que el progreso de la Ley de Bases es "una condición previa para el Pacto de Mayo". Esto se debe a que varios de los diez puntos de dicho acuerdo político, que busca firmar en Córdoba, dependen de la aprobación del proyecto. Por esta razón, los plazos del Congreso son significativos.
Aunque el Gobierno ha logrado acercar posturas con gobernadores y legisladores de la oposición dialogante en las nuevas negociaciones, persiste un ambiente de desconfianza. Esto se atribuye a la falta de un acuerdo concreto sobre Ganancias y la movilidad jubilatoria, modificada por decreto ejecutivo, y a las discrepancias internas en los bloques de diputados, en particular en la UCR y en Hacemos Coalición Federal.
Este es el contexto político en el que el Ejecutivo optó por aplazar la reunión con los gobernadores del anterior Juntos por el Cambio, prevista para el pasado lunes, coincidiendo con los dos meses exactos de la fecha establecida por Milei para el Pacto de Mayo. La nueva fecha del encuentro será el 4 de abril, y una de las justificaciones proporcionadas por la Casa Rosada es el deseo de garantizar la asistencia completa.
A la reunión habían sido invitados Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); Ignacio Torres (Chubut) y se esperaba la participación al menos por videoconferencia de Claudio Vidal (Santa Cruz).
El bloque de la UCR es uno de los sectores donde hoy hay más dudas que certezas frente al debate.
El grupo liderado por el cordobés Rodrigo de Loredo ya enfrentaba una crisis interna, la cual "se intensificó" después de que la bancada emitiera un comunicado con un respaldo parcial a la decisión de Milei de modificar la fórmula de movilidad jubilatoria mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), sin el acuerdo de los diputados más críticos del Gobierno, entre ellos Facundo Manes y los que siguen la línea del senador Martín Lousteau.
La falta de consenso interno en la UCR podría representar un problema futuro para el oficialismo, que no puede permitirse más frustraciones en el tratamiento de la Ley de Bases.
A diferencia de ciertos diputados, los gobernadores de la UCR, liderados por Alfredo Cornejo de Mendoza y Gustavo Valdés de Corrientes, se encuentran actualmente más alineados con el Gobierno y desempeñan un rol crucial. Su tarea es garantizar que el apoyo del bloque a la Ley de Bases sea lo más extenso posible y que el sector crítico permanezca en minoría. Por esta razón, la Casa Rosada aguarda para finalizar un acuerdo antes de proceder con el envío de la nueva Ley de Bases.
La cuestión de la movilidad jubilatoria no solo causa controversia dentro del bloque de la UCR, sino también en otros sectores de la oposición dialogante que previamente habían expresado al Gobierno la necesidad de implementar dicha reforma mediante una ley. Uno de estos sectores es Hacemos Coalición Federal, el grupo parlamentario liderado por Miguel Pichetto.
Y es que en Hacemos Coalición Federal tampoco hay una posición homogénea frente a la Ley de Bases. Los socialistas santafesinos, la diputada Margarita Stolbizer y la cordobesa Natalia de la Sota son reacios a apoyar, por ejemplo, la delegación de facultades legislativas para el Ejecutivo que estará contemplada en el proyecto.
En tanto, en el PRO hay un apoyo sólido al Gobierno pero el avance por decreto sobre la fórmula de movilidad no agradó demasiado a todos los legisladores del espacio. De hecho, en las reuniones con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, habían pedido que se tratara un proyecto que ellos ya tenían presentado.
Por el momento, no tienen previsto hacer olas con el tema y menos en el debate de la Ley de Bases. Algunos de los conducidos por Cristian Ritondo creen que incluso el Ejecutivo le sacó un tema espinoso de encima al Congreso con el decreto. Pero igualmente fuentes del espacio consultadas por iProfesional señalaron que "en algún momento habrá que discutir una ley como corresponde".
El dificultoso camino hacia el Pacto de Mayo
La reforma previsional, que se cuenta entre los diez puntos del Pacto de Mayo, aún tiene pendiente el debate sobre cambios estructurales. Sin embargo, la alteración de la fórmula de movilidad por decreto fue una acción del Gobierno que omitió al Congreso.
Por lo tanto, el trayecto hacia el Pacto de Mayo, iniciativa de Javier Milei, aún presenta obstáculos significativos. La discusión de la Ley de Bases en la Cámara de Diputados es solo el comienzo y el consenso fundamental aún tiene numerosas incógnitas. El Gobierno confía en que las soluciones comiencen a surgir tras el fin de semana prolongado.
Más de cuatro mil personas han firmado una petición dirigida al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, solicitando que reconsidere el plan de reducción implementado en el multimedio público, el cual ha resultado en la eliminación del 40 por ciento de su personal.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
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