La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) expresó su inquietud ante la decisión del Ejecutivo de no incluir a juristas mujeres en las nominaciones para las vacantes de la Corte Suprema de Justicia.
Argentina 22 de marzo de 2024
Sures Noticias
“Esta situación podría comprometer las obligaciones internacionales de la República Argentina en cuanto a equidad de género, según lo estipulado por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, expresó Affun en un comunicado sobre la falta de representación femenina en el Máximo Tribunal.
“La paridad de género en los cargos públicos es esencial para alcanzar una sociedad más equitativa”.
Así se pronunció la entidad respecto a las nominaciones del juez federal Ariel Lijo y el jurista Manuel García Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema dejadas por la renuncia de la ministra Elena Haigton de Nolasco y la futura jubilación de Juan Carlos Maqueda, magistrado del tribunal desde 2002.
La organización que representa a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “la igualdad de género en el acceso a cargos públicos es fundamental para la construcción de una sociedad más justa”.
“Instamos a las autoridades políticas de la Nación a redoblar los esfuerzos en este aspecto, especialmente porque en nuestro país hay mujeres con experiencia y altamente calificadas para desempeñar esa distinguida judicatura”, enfatizaron.
En este contexto, los jueces federales de la Junta de Tribunales Orales Federales (Jutof) consideraron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe “mantener un balance de género entre sus miembros”.
“Aunque esta declaración no refleja una opinión sobre los candidatos propuestos, destacamos que el Tribunal ya ha tenido tres juezas cuya perspectiva enriqueció sus decisiones”, señaló Jutof en un comunicado.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
Los ataques María O´Donnell, por viajar a ver la Copa America y a Marcelo Longobardi, quien fue etiquetado en las redes sociales de Milei como "dinosaurio", "chanta" y "pifiador serial", se unen a los casos de otros treinta comunicadores. Se solicita que se inste al Estado argentino a abstenerse de utilizar discursos que criminalicen.
Tomás Arrieta es mencionado en un caso de delitos de lesa humanidad por torturar a soldados durante el conflicto bélico. "Nos quitaba la escasa comida cada vez que nos encontraba con los borceguíes desatados", relataron los excombatientes de CECIM La Plata.
Los familiares y amigos del genocida pudieron compartir sus últimos años de vida con él y tendrán un lugar donde llorar su muerte. Derecho que les fue arrebatado a miles de detenidos desaparecidos que Jueces como él tenían el deber de proteger durante la última dictadura militar, señalo en un comunicado HIJOS Santiago del Estero
A partir de hoy 1 julio, entran en circulación “Los Chachos”, los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) denominados Chacho. Estos bonos cuentan con diferentes normas de seguridad a tener en cuenta por la población.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.