La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) expresó su inquietud ante la decisión del Ejecutivo de no incluir a juristas mujeres en las nominaciones para las vacantes de la Corte Suprema de Justicia.
Argentina22 de marzo de 2024
Sures Noticias
“Esta situación podría comprometer las obligaciones internacionales de la República Argentina en cuanto a equidad de género, según lo estipulado por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, expresó Affun en un comunicado sobre la falta de representación femenina en el Máximo Tribunal.
“La paridad de género en los cargos públicos es esencial para alcanzar una sociedad más equitativa”.
Así se pronunció la entidad respecto a las nominaciones del juez federal Ariel Lijo y el jurista Manuel García Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema dejadas por la renuncia de la ministra Elena Haigton de Nolasco y la futura jubilación de Juan Carlos Maqueda, magistrado del tribunal desde 2002.
La organización que representa a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “la igualdad de género en el acceso a cargos públicos es fundamental para la construcción de una sociedad más justa”.
“Instamos a las autoridades políticas de la Nación a redoblar los esfuerzos en este aspecto, especialmente porque en nuestro país hay mujeres con experiencia y altamente calificadas para desempeñar esa distinguida judicatura”, enfatizaron.
En este contexto, los jueces federales de la Junta de Tribunales Orales Federales (Jutof) consideraron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe “mantener un balance de género entre sus miembros”.
“Aunque esta declaración no refleja una opinión sobre los candidatos propuestos, destacamos que el Tribunal ya ha tenido tres juezas cuya perspectiva enriqueció sus decisiones”, señaló Jutof en un comunicado.
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El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
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La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.