
Luego de la fallida licitación de la hidrovía, el Gobierno organiza y pone en funcionamiento la agencia que la gestiona de manera provisional
Se estableció la organización de segundo nivel de la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pidieron a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales. Entre las organizaciones cordobesas que subscribieron la petición se encuentran: Círculo Sindical de la Prensa y La Comunicación de Córdoba, Colectivo Más Democracia, Foro Por La Libertad, La Democracia y Los DDHH de Córdoba, H.I.J.O.S Córdoba, Sindicato de Luz y Fuerza y Unión Obrera Gráfica Córdoba, entre otras.
Argentina19 de diciembre de 2023Por iniciativa del CELS se enviaron dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo para protestas sociales anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Esas presentaciones tienen 1700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos. Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron a título personal.
En los escritos enviados desarrollaron las críticas al protocolo publicado en la Resolución 943/2023 y explican que la mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad de la Nación fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos.
El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas.
Con esa información y análisis, solicitaron a la ONU y a la CIDH que manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta.
En la carta a la CIDH piden que adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.
Por su parte, el escrito presentado ante la ONU fue dirigido a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y, en particular, al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor. Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan.
Estos petitorios los presentamos junto a estas organizaciones y con más de 1700 mil firmas institucionales: (ver acá listado completo de organizaciones firmantes, por orden alfabético).
Firmas de Organizaciones Cordobesas que acompañaron la presnetación
Apostasia Colectiva Córdoba, Asociación Cultural Israelita De Córdoba- Acic, Asociación De Docentes De La Universidad Nacional De Córdoba – Aduncor, Asociación De Ex Presos Políticos De Río Cuarto Y Sur De Córdoba, Carta Abierta Cba, Cátedra. Psicología Sanitaria UNC, Círculo Sindical De La Prensa Y La Comunicación De Córdoba-Cispren, Colectivo Más Democracia-Córdoba, Colegio De Psicólogos De La Provincia De Córdoba, Cumpa (Córdoba Unida Movimiento Peronista Amplio), Espacio Por La Memoria Y Los Derechos Humanos San Francisco, Ex Presos Políticos Por La Patria Grande De Córdoba, Familiares De Desaparecidos De Córdoba, Familiares De Desaparecidos Y Detenidos Por Razones Políticas De Córdoba, Feria Agroecológica De Córdoba, Foro Ambiental Traslasierra, Foro Por La Libertad, La Democracia Y Los DDHH De Córdoba, H.I.J.O.S Córdoba, La Revolución De Las Viejas Córdoba, Nuevo Mas – Córdoba, Observatorio De Derechos Humanos De La Universidad Nacional De Río Cuarto, Red De Construcción Ciudadana – Córdoba, Secretaria De Mujeres E Igualdad De Oportunidades, CTA TT Provincia De Córdoba, Sindicato De Luz Y Fuerza De Córdoba, Sindicato Del Personal De Obras Sanitarias Córdoba y Unión Obrera Gráfica Córdoba
Se estableció la organización de segundo nivel de la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
El concierto del cantante Milo J, programado para la ex ESMA, fue cancelado por el gobierno de Javier Milei, que invocó razones de seguridad y política. La medida generó un fuerte rechazo entre artistas y políticos, quienes denunciaron un ataque a la libertad de expresión.
La votación culminó con 144 votos positivos, 98 negativos y dos abstenciones. Unión por la Patria denunció la "proscripción" de Cristina Kirchner. Desde LLA, el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas contestaron que la historia de la Ficha Limpia no es de ahora, sino que se remonta casi una década atrás y es lo que reclama la ciudadanía para volver a creer en el sistema politico.
Este es el segundo incidente en dos meses en el norte del país. Para justificar sus políticas de endurecimiento en la zona fronteriza y su “guerra contra el narcotráfico”, Bullrich discrimina y criminaliza a los trabajadores informales, quienes transportan productos para sostener a sus familias.
Asambleas de todo el país respondieron al llamado desde la Patagonia, exigiendo al Gobierno que asuma su responsabilidad en la gestión del fuego y ponga fin a la criminalización. En Córdoba Capital el punto de encuentro será este jueves 13 de febrero a las 18.30hs, en Patio Olmos.
Martín Llaryora supervisó el inicio de obra del edificio que albergará la casa de altos estudios. La iniciativa busca promover la federalización de la educación universitaria dentro de la provincia. Un centenar de aspirantes ya se preinscribieron en el primer llamado para el ciclo lectivo 2025, con procedencias de diversas localidades de la región e incluso de provincias aledañas.
El organismo solicitó ajustar el proceso para prevenir la concesión de adjudicaciones inadecuadas. Indicó deficiencias en la evaluación de propuestas y carencias en el control ambiental.
“Este es un Gobierno de CEOs fracasados que le cuesta muy caro a la Argentina. Paralizan la ejecución de más de 100.000 viviendas en las que el Estado había invertido más de 3.000 millones de dólares. Generan un enorme déficit habitacional imposible de saldar ni siquiera en el mediano y largo plazo”, apuntó Rodolfo Aguiar.
Este es el segundo incidente en dos meses en el norte del país. Para justificar sus políticas de endurecimiento en la zona fronteriza y su “guerra contra el narcotráfico”, Bullrich discrimina y criminaliza a los trabajadores informales, quienes transportan productos para sostener a sus familias.
La votación culminó con 144 votos positivos, 98 negativos y dos abstenciones. Unión por la Patria denunció la "proscripción" de Cristina Kirchner. Desde LLA, el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas contestaron que la historia de la Ficha Limpia no es de ahora, sino que se remonta casi una década atrás y es lo que reclama la ciudadanía para volver a creer en el sistema politico.
El concierto del cantante Milo J, programado para la ex ESMA, fue cancelado por el gobierno de Javier Milei, que invocó razones de seguridad y política. La medida generó un fuerte rechazo entre artistas y políticos, quienes denunciaron un ataque a la libertad de expresión.