Centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pidieron a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales. Entre las organizaciones cordobesas que subscribieron la petición se encuentran: Círculo Sindical de la Prensa y La Comunicación de Córdoba, Colectivo Más Democracia, Foro Por La Libertad, La Democracia y Los DDHH de Córdoba, H.I.J.O.S Córdoba, Sindicato de Luz y Fuerza y Unión Obrera Gráfica Córdoba, entre otras.
Argentina19 de diciembre de 2023
Sures Noticias
Por iniciativa del CELS se enviaron dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo para protestas sociales anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Esas presentaciones tienen 1700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos. Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron a título personal.
En los escritos enviados desarrollaron las críticas al protocolo publicado en la Resolución 943/2023 y explican que la mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad de la Nación fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos.
El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas.
Con esa información y análisis, solicitaron a la ONU y a la CIDH que manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta.
En la carta a la CIDH piden que adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.
Por su parte, el escrito presentado ante la ONU fue dirigido a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y, en particular, al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor. Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan.
Estos petitorios los presentamos junto a estas organizaciones y con más de 1700 mil firmas institucionales: (ver acá listado completo de organizaciones firmantes, por orden alfabético).
Firmas de Organizaciones Cordobesas que acompañaron la presnetación
Apostasia Colectiva Córdoba, Asociación Cultural Israelita De Córdoba- Acic, Asociación De Docentes De La Universidad Nacional De Córdoba – Aduncor, Asociación De Ex Presos Políticos De Río Cuarto Y Sur De Córdoba, Carta Abierta Cba, Cátedra. Psicología Sanitaria UNC, Círculo Sindical De La Prensa Y La Comunicación De Córdoba-Cispren, Colectivo Más Democracia-Córdoba, Colegio De Psicólogos De La Provincia De Córdoba, Cumpa (Córdoba Unida Movimiento Peronista Amplio), Espacio Por La Memoria Y Los Derechos Humanos San Francisco, Ex Presos Políticos Por La Patria Grande De Córdoba, Familiares De Desaparecidos De Córdoba, Familiares De Desaparecidos Y Detenidos Por Razones Políticas De Córdoba, Feria Agroecológica De Córdoba, Foro Ambiental Traslasierra, Foro Por La Libertad, La Democracia Y Los DDHH De Córdoba, H.I.J.O.S Córdoba, La Revolución De Las Viejas Córdoba, Nuevo Mas – Córdoba, Observatorio De Derechos Humanos De La Universidad Nacional De Río Cuarto, Red De Construcción Ciudadana – Córdoba, Secretaria De Mujeres E Igualdad De Oportunidades, CTA TT Provincia De Córdoba, Sindicato De Luz Y Fuerza De Córdoba, Sindicato Del Personal De Obras Sanitarias Córdoba y Unión Obrera Gráfica Córdoba
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.