Criminalización de la protesta: Trabajadores despedidos de la empresa Minetti fueron condenados por la justicia de Córdoba

Cuatro trabajadores despedidos de la empresa Molino Harinero José Minetti fueron condenados por el Poder Judicial de Córdoba, por el “delito de turbación de la posesión”.

Córdoba01 de noviembre de 2023Sures NoticiasSures Noticias
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Foto Press

El 12 de julio de 2019, trabajadores de la empresa ocuparon las instalaciones de la fábrica para exigir el pago de 3 meses de salarios atrasados, el incumplimiento de las ART y de los aportes patronales. Luego de debates orales, celebrados entre el 9 y 11 de octubre, se dictaron sentencias: Enrique Gómez y Cristian Daniel Jamud, ambos delegados sindicales, fueron condenados a prisión condicional de un año y seis meses cada uno; y Juan Abel Álvarez y Martín López, empleados, un año de prisión condicional.

Los dos primeros fueron condenados como “coautores” de los hechos, y también se impusieron restricciones a su acceso a los dueños de la Fábrica. "A través de acuerdos exorbitantes, incluyendo la eliminación de las deudas financieras de la empresa con los trabajadores y futuros reclamos laborales, 13 compañeros de trabajo fueron excluidos de la audiencia oral, quedando sólo 4 personas en el caso", dijo un ex trabajador de Minetti a medios periodísticos. Y agregaron: “En el debate oral intervinieron los testigos Fernando Cornú de Olmos y Agustín Figueroa Álvarez, director de la empresa, quienes intentaron menospreciar, invisibilizar y no reconocer sus responsabilidades como empleadores”.

CASO

El conflicto comenzó en agosto de 2019, cuando la empresa Molino Minetti cerró su negocio y despidió a 150 trabajadores. Entre los hechos reseñados en el expediente judicial, se señaló que la empresa el 3 de enero de ese año solicitó permiso al juzgado para ordenar el desalojo. Ante la insistencia de la empresa, fue recién el 21 de enero de 2020 que el Tribunal de Control permitió la realización de la feria y se ordenó el desalojo. Esto significa que la fábrica fue desactivada durante 18 días para permitir el ingreso del propietario ante la ausencia de acciones legales. La salida de los ocupantes se produjo, al menos, cuando finalizó el justo juicio. En febrero de 2020, los accionistas de la fábrica en quiebra recuperaron el control de la misma.

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