Sindicatos de la CGT y la CTA, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas se movilizarán hoy a las 16 al Palacio de Tribunales bajo la consigna "Democracia sin mafia judicial", en una campaña que se extenderá durante los tres martes próximos (7, 14 y 21 de marzo) en apoyo al juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema y "para repudiar la proscripción política que sufre Cristina Fernández de Kirchner", informaron en un comunicado.
Argentina28 de febrero de 2023
Sures Noticias
Las actividades son impulsadas por gremios que integran la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), en el marco de un arco diverso de entidades, y arrancarán hoy en la Plaza Lavalle con el formato de una asamblea para luego dar lugar a un cierre artístico a cargo de los músicos Bruno Arias y Agustín Ronconi, junto a la murga Atrevidos por Costumbre.
Los organizadores eligieron movilizarse los martes y hacerlo frente a la calle Talcahuano al 500, porque ese día "es cuando se reúne la Corte Suprema de Justicia", que tiene su sede en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, y también porque los martes suele emitir sus acordadas o fallos, en los que "decide sobre lo que nos afecta o deja de lado aquello que nos importa", señalaron en un documento de convocatoria.
La serie de protestas comenzará hoy en ese lugar, inspirada en el lema "Argentina sin proscripción", con un cronograma que incluye desde denunciar las formas en que los trabajadores son atacados desde el sistema judicial (martes 28 de febrero) para luego analizar la actuación de jueces y fiscales frente a las mujeres y disidencias (7 de marzo), casos de lesa humanidad y derechos humanos (14 de marzo) y demandas de jubilados (21 de marzo), dijeron los organizadores.
En el pronunciamiento que ya circula por las redes sociales, las organizaciones que se concentrarán frente a la Corte Suprema plantean que es necesaria una reforma del Poder Judicial "para que garantice los derechos del pueblo y no los intereses de los poderosos" al tiempo que advierten que "la democracia se vulnera cuando está sometida a las decisiones arbitrarias de una mafia judicial".
En ese comunicado, sostienen que la "mafia judicial" que controla el aparato de Justicia "desconoce la independencia de poderes, interfiere en las decisiones del Poder Ejecutivo, desconoce leyes votadas por el Congreso Nacional y legisla, actuando como brazo ejecutor de políticas emanadas desde oscuras oficinas (o lagos escondidos)".
"Las decisiones de la mafia judicial afectan a todas y todos, en el ejercicio de nuestros derechos colectivos e individuales, en nuestra vida cotidiana. Su accionar sepulta las esperanzas del pueblo de vivir en un país justo, inclusivo, equitativo en la distribución de la riqueza, un país donde todos y todas encuentren la felicidad", continúa el texto.
En las cuatro jornadas se planteará como uno de los ejes el reclamo sobre la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández, a quien se le dictó en primera instancia la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio oral de la causa Vialidad.
"No hay democracia cuando quienes bregan por la felicidad del pueblo son perseguidos judicialmente, encarcelados de manera arbitraria y poscriptos para ejercer cargos públicos, cercenando la voluntad del pueblo", sostienen los convocantes.
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El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
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El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
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El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
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En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
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El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
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