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La solicitud se basa en denuncias de "mal desempeño e incumplimiento de funciones" por parte de Arroyo Salgado, tras la detención de cinco militantes políticas, quienes fueron arrestados el 17 de junio pasado en San Isidro. Los detenidos son Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes.
Entre los arrestados, Mieri es presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes y cercana a la intendenta Mayra Mendoza. Por su parte, Abaigar ocupa un cargo en el Ministerio de las Mujeres.
Recalde y Siley argumentan que las detenciones fueron arbitrarias, destacando que las militantes permanecieron incomunicadas y fueron trasladadas a una cárcel de máxima seguridad por un acto que, a su juicio, no debería haber requerido tales medidas. "Se trata de militantes que sufren una persecución por expresar acciones políticas simbólicas, sin que se haya recurrido a la violencia o afectado bienes ajenos", sostuvieron.
Los militantes en cuestión realizaron una manifestación frente a la casa de Espert, durante la cual arrojaron estiércol y distribuyeron volantes con mensajes en contra del legislador.
