Impulsada, por Soledad Barruti, Enrique Viale, Maristella Svampa, entre otrxs, la recolección de firmas a través de un formulario, es para exigir dar marcha atrás a la designación de Antonio Aracre como nuevo jefe de Asesores del Presidente de la Nación. Aracre fue durante 36 años empleado de Syngenta, multinacional del agronegocio, y en los últimos 12 años se desempeñó como CEO de esa compañía para Latinoamérica Sur. El 31 de diciembre pasado dejó su empleo privado para asumir, casi automáticamente, como funcionario público.
Argentina 04 de enero de 2023
Sures Noticias
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Recientemente tomó estado público la noticia que el Sr. Antonio Aracre será el nuevo jefe de Asesores del Presidente de la Nación (1). Aracre fue durante 36 años empleado de Syngenta, multinacional del agronegocio, y en los últimos 12 años se desempeñó como CEO de esa compañía para Latinoamérica Sur. El 31 de diciembre pasado dejó su empleo privado para asumir, casi automáticamente, como funcionario público.
Syngenta fue fundada en el año 2000 tras la fusión de dos de las principales compañías del agronegocio: Novartis y Zeneca. Actualmente (como Syngenta Group) está registrada en Shanghai y es propiedad del gobierno de China. El grupo está integrado por miles de empresas alrededor del mundo, con presencia en más de cien países. Con su casa matriz en Suiza, Syngenta Group tiene cuatro unidades de negocio: Syngenta Crop Protection con sede central en Suiza; Syngenta Seeds, con sede central en Estados Unidos; Adama, con sede en Israel; y Syngenta Group China (2). En Argentina es titular de 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional, y está asociada para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior; además de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas. Syngenta es la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo: sus ventas, durante los primeros nueve meses de 2022, fueron de 25.900 millones de dólares, un aumento de 4900 millones, lo que representa un 24% más con respecto al año anterior. En 2021 el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, que representó aproximadamente el 33% de sus ventas. El crecimiento no fue producto del azar: con un perfil cuidadosamente más bajo que la empresa Monsanto, Syngenta fue clave en la consolidación de la sojización transgénica de América del Sur, bajo un proyecto que se dio a conocer en el año 2003 como “La República Unida de la Soja”, pasando así por encima de las fronteras y los intereses nacionales.
Hoy las ganancias de Syngenta en Argentina provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato.
Atrazina: se trata de un herbicida disruptor endocrino, prohibido en 37 países y desde hace 20 años en la Unión Europea.
Paraquat: altamente tóxico y persistente, prohibido en 72 países, la Unión Europea, Reino Unido, China y Suiza, entre otros.
Glifosato: Desde 2015 el glifosato fue categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico (3).
Antonio Aracre tomó un relativo conocimiento público en los últimos años a través de la millonaria pauta publicitaria que puso Syngenta, y que fue distribuida generosamente en medios de comunicación –de ambos lados de la “grieta”-, lo cual le garantizó una cantidad insólita de amables “entrevistas” en radio, televisión y medios digitales.
Este caso nos recuerda al de Juan José Aranguren, que fue CEO de la petrolera Shell desde el 2003 al 2015, año en el que fue nombrado como ministro de Energía de la Nación en el gobierno del presidente Mauricio Macri hasta junio de 2018.
Esta problemática es conocida popularmente en todo el mundo como “puertas giratorias”: se trata de funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública, y viceversa, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones. En la mayoría de los países esta práctica está sujeta a limitaciones o es considerada directamente un delito. La “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, ratificada en Argentina por la Ley 26.907 en el año 2006, establece la obligación de “prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas”. En nuestra legislación interna la problemática se encuentra prevista por la Ley 25.188 de ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Esta ley establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, indicando que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado (4).
Según dicta la ley, entonces, las actividades comerciales de Syngenta se encuentran reguladas por el Estado, como por ejemplo la comercialización de semillas o la venta y aplicación de agrotóxicos, entre muchas otras más.
Si bien el cargo de jefe de Asesores del presidente de la Nación no otorgaría al ex Ceo de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dictámenes, ¿alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta? Desde la regulación de agrotóxicos (5) en el país hasta la sanción de una nueva Ley de Semillas, como viene insistiendo el lobby del agronegocio, son áreas extremadamente sensibles para el presente y futuro de nuestro país. Pero también es necesario cuestionar cuál será el lugar de un asesor que dejó el trabajo en una compañía transnacional para inmediatamente dedicarse a la función pública en infinidad de temáticas como la propia cotización del dólar, o las políticas relacionadas con la importación o exportación o una eventual regulación del comercio nacional de granos. En todas esas áreas Syngenta tiene intereses directos, particulares y concretos, muy distintos a los intereses generales y de la República Argentina. Los funcionarios públicos tienen que defender el interés nacional, que muchas veces chocan con los intereses de empresas multinacionales como, en este caso, Syngenta.
Mientras el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, en Colombia, promueve la protección de la Amazonía, la defensa del campesinado y la salida de los combustibles fósiles; y el flamante gobierno de Lula da Silva, en Brasil, crea el Ministerio de Pueblos Originarios a cargo de la lideresa indígena Sônia Guajajara y nombra nuevamente como Ministra de Ambiente y Cambio Climático a la reconocida ecologista Marina Silva; en Argentina el retroceso no puede ser mayor, tal como lo muestra el nombramiento en un influyente cargo, cercano al Presidente, de una persona que fue los últimos doce años el más alto gerente en la región de una multinacional con el prontuario de Syngenta.
Por todo ello, solicitamos se revea la decisión de nombrar al ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, como Jefe de Asesores del presidente de la Nación.
Autores de la iniciativa:
Soledad Barruti, autora de los libros Malcomidos y Malaleche (Planeta). Directora de Bocado- investigaciones comestibles: una red latinoamericana de periodistas con perspectiva científica y de derechos humanos, dedicada a temáticas vinculadas a la alimentación, los sistemas alimentarios y los territorios.
Enrique Viale, es abogado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental. Consultor y especialista en Política y Legislación Ambiental. En el año 2004 fundó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA). Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental. Es autor de diversos libros y artículos especializados en Desarrollo, Política, Derecho y Justicia Ambiental publicados en el país y en el extranjero.
Maristella Svampa, socióloga y escritora. Actualmente vive en Buenos Aires y trabaja como Investigadora Superior del Conicet y Profesora Titular de la Universidad Nacional de La Plata. Recibió el Premio Kónex de platino en Sociología (2016) y el Premio Nacional de Ensayo Sociológico (2018).
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El Juzgado Federal de Río Gallegos hizo lugar parcialmente a una medida cautelar requerida en el marco de una demanda colectiva contra la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado por la contaminación en el río Fitz Roy y en el río de las Vueltas. Allí se denunció la presencia de coliformes totales y de Escherichia Coli en el agua. Remarcaron que, ante el incremento poblacional, resultan inadecuados los sistemas de tratamiento de líquidos cloacales.
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