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La mencionada consulta tiene como objetivo sumar la voz y los aportes de la sociedad civil a este proceso, a través de seis ejes que incluyen: gobernanza; la creación y el fortalecimiento de capacidades; derecho a acceder a información pública ambiental; participación pública en los procesos de toma de decisiones; acceso a la justicia en cuestiones ambientales; y personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Además, la consulta cuenta con un diagnóstico sobre el estado de implementación de las disposiciones del acuerdo en nuestro país, que incluyó un exhaustivo análisis normativo a nivel nacional y provincial, junto con entrevistas a actores clave del ámbito público nacional, organizaciones de la sociedad civil, universidades y representantes del sector privado.
La consulta, que ya está disponible, se extenderá hasta el 19 de diciembre y se podrá participar accediendo a través del siguiente enlace
Sobre el Acuerdo de Escazú
Adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.
Entre los 13 países que procedieron a la ratificación, se encuentra la República Argentina, que notificó el 22 de enero de 2021 que es Estado parte del acuerdo. La Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, que conduce Cecilia Nicolini, fue designada como punto focal para su implementación en el país.
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.
Precisamente, para alcanzar esas metas y agilizar el proceso de implementación del acuerdo en la región, la Argentina será anfitriona de una COP extraordinaria, que se llevará adelante en Buenos Aires en abril de 2023.
