La Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) adoptó una Declaración que reafirma su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido relativa a la cuestión de las Islas Malvinas, que se suma a los pronunciamientos expresados por ese foro entre 2009 y 2013.
Mundo13 de febrero de 2022
Sures Noticias
En este instrumento recientemente acordado el PARLATINO recordó el interés regional en que los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con las Resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las Declaraciones y los Comunicados Conjuntos de la Organización de Estados Americanos, el MERCOSUR y otros foros regionales y multilaterales.
Se reiteró, como en años precedentes, que el PARLATINO rechaza toda acción unilateral en el área disputada en violación de lo establecido por la Resolución 31/49 sobre la Cuestión Malvinas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones e incluye, entre otras cosas, la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables de la República Argentina, así como la realización de ejercicios militares.
Previo a la celebración de la Asamblea Ordinaria tuvo lugar, en la Sede del PARLATINO, el seminario “La Cuestión Malvinas, una causa latinoamericana”, evento que contó con importante participación de representantes de países latinoamericanos, entre ellos, la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, los ex presidentes de Panamá, Martín Torrijos y Aristides Royo, el presidente del PARLATINO, Jorge Pizarro, y su Secretario Ejecutivo, Elías Castillo, y otras altas autoridades. También participaron el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y la directora nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur de esta Cancillería, Sandra Pitta, el Embajador argentino en Panamá, Marcelo Lucco, y legisladores nacionales.
Los miembros del Parlamento son los Congresos o Asambleas Legislativas nacionales de los Estados Partes democráticamente constituidos en América Latina y el Caribe, que participan haciéndose representar por delegaciones constituidas pluralmente.
El fundador de WikiLeaks denunció penalmente a la Fundación Nobel por el galardón a María Corina Machado, a la que acusa de incitar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El caso expone cómo la política de potencia reconfigura el sentido del premio y tensiona el propio testamento de Alfred Nobel.
En un gesto sin precedentes dentro del bloque, Argentina se negó a firmar la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, político que refleja el viraje conservador y un retroceso en materia de derechos sexuales, reproductivos y combate a la violencia de género bajo la administración de Javier Milei.
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Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.