Desde que Javier Milei asumió el poder, las injurias, difamaciones y amenazas hacia los periodistas y medios críticos han sido constantes. Además, se han implementado políticas que intensifican tendencias previas, como la alta concentración de medios, la falta de transparencia en su propiedad y la precarización del trabajo periodístico.
Mundo02 de mayo de 2025
Sures Noticias
El deterioro económico de los medios de comunicación es una de las principales amenazas para la libertad de prensa. Aunque las agresiones físicas a los periodistas son la manifestación más evidente de las violaciones a la libertad de prensa, las presiones económicas, más sutiles, también constituyen un obstáculo significativo.
El indicador económico de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa continúa su descenso en 2025, alcanzando un nivel crítico sin precedentes. Como resultado, y por primera vez en la historia del ránking, la situación de la libertad de prensa se califica como "difícil" a nivel global.
Uruguay es quien tiene el mejor indice de clasificación mundial en la region, está en el puesto 59°, en 2024 se ubicó´ en el 51°, Brasil en el 63°, en 2024 estaba en 82°, Chile en el 69°, en 2024 en el 52° y Paraguay en el 84°, en el 2024 115°
El informe de Reporteros sin Fronteras señala en el capítulo Argentina:
Panorama mediático
El derecho a la información está garantizado por leyes de inspiración liberal, aunque el ejercicio de la pluralidad se ve condicionado por déficits en las políticas públicas y por una elevada concentración. La influencia en todos los mercados del grupo Clarín, principal actor de la industria del sector, es muy acentuada. Los medios del grupo La Nación, América, Indalo, Werthein, Fígoli, Octubre y Telefe, así como la web de noticias Infobae también son muy seguidos por el público. Los medios sufren presiones del gobierno y de las empresas, especialmente a través de la publicidad pública y privada. El cierre de la principal agencia de noticias, Télam, en 2024, ha supuesto un duro golpe para el derecho a la información.
Contexto político
La libertad de expresión es un principio valorado por los argentinos. En las últimas décadas, la confrontación política, la polarización generalizada y los discursos de odio, alentados por intereses políticos y económicos, han tenido un reflejo directo en el sector de los medios, con un empobrecimiento de la calidad de análisis y la información. Las cuestiones sociales, económicas y políticas delicadas se mantienen fuera del debate público, y la agenda mediática está muy concentrada en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires. El presidente de extrema derecha, Javier Milei, elegido en 2023, alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos con su política. Sus partidarios reproducen ampliamente esta conducta.
Marco legal
La libertad de prensa está garantizada por la Constitución. Desde 1983, fecha del restablecimiento de la democracia, la legislación se fue desprendiendo de reminiscencias autoritarias de décadas anteriores. Los delitos de desacato, calumnias e injurias fueron eliminados del Código Penal y la reparación por informaciones falsas o difamatorias se restringe al ámbito civil, a través de indemnizaciones. El respeto a las fuentes y al secreto profesional están garantizados, pero persisten intentos de silenciamiento más sutiles, como presiones económicas y el abuso de las demandas civiles. Los avances legislativos, especialmente los dirigidos a limitar la censura, han sido escasos o nulos. El presidente Javier Milei ha anunciado su intención de cerrar o privatizar los medios públicos y de dejar de financiar a los medios comunitarios, unas medidas que empobrecerían el ecosistema informativo.
Contexto económico
La prensa argentina se ve afectada por las persistentes dificultades económicas de la última década, que han precarizado el empleo y los recursos. Los medios más poderosos pertenecen a un reducido grupo de conglomerados, con vínculos en las empresas de telecomunicaciones, el petróleo y la construcción. Entre 2015 y 2019, casi todas las normas anti concentración y destinadas a limitar los conflictos de intereses fueron anuladas. El Estado, a través de la publicidad, las exenciones fiscales y la concesión de contratos, juega un papel opaco. Los organismos reguladores de defensa de las audiencias, promoción de la diversidad y control del mercado de las telecomunicaciones son altamente dependientes del poder político de turno. La mayoría de estos organismos ha sido desmantelada por el gobierno de Milei, al igual que los programas gubernamentales que garantizan el acceso a la información.
Contexto sociocultural
Argentina es un país de contrastes, formado por la inmensa metrópolis de Buenos Aires, que concentra el 30% de la población, una veintena de ciudades medianas y extensos territorios con poca población. La pujanza cultural es notable en todo el país, aunque las posibilidades de difusión y del ejercicio del periodismo son muy dispares. La polarización política y el ascenso de una fuerza ultraconservadora, como la del presidente Milei, han exacerbado la intolerancia y la violencia virtual o real, a menudo con el apoyo de la policía.
Seguridad
No se ha registrado ningún asesinato de periodistas desde el del reportero gráfico José Luis Cabezas, en 1997. Tampoco constan detenciones, salvo algunos arrestos esporádicos durante incidentes, que se suspenden rápidamente. Sin embargo, los reporteros están expuestos a ser blanco de intimidaciones por parte organizaciones delictivas (narcotráfico, trata de personas, mafias policiales, etc) y de la violencia policial cuando cubren manifestaciones. Los ataques son, en general, más frecuentes en localidades alejadas de las grandes ciudades. La violencia verbal, la estigmatización y el acoso a periodistas están a la orden del día en las redes sociales.
El fundador de WikiLeaks denunció penalmente a la Fundación Nobel por el galardón a María Corina Machado, a la que acusa de incitar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El caso expone cómo la política de potencia reconfigura el sentido del premio y tensiona el propio testamento de Alfred Nobel.
En un gesto sin precedentes dentro del bloque, Argentina se negó a firmar la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, político que refleja el viraje conservador y un retroceso en materia de derechos sexuales, reproductivos y combate a la violencia de género bajo la administración de Javier Milei.
En unas elecciones marcadas por la baja participación y votos nulos, la independiente Catherine Connolly se impuso con más del 64% de los votos y representa un claro desafío al tradicional gobierno de centroderecha. Su triunfo agita el escenario político europeo e irlandés, evidenciando el desencanto social y el auge de las posturas críticas frente a la elite gobernante.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.