El ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Mayta, afirmó que “legalmente existe la posibilidad” que la justicia en su país ordene extradiciones, interrogatorios y operaciones fiscales a funcionarios argentinos que hayan participado del envío de "material represivo" a la nación andina durante noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
Mundo14 de julio de 2021
Sures Noticias
“La Justicia boliviana tiene como posibilidad solicitar extradiciones y tomar interrogatorios fuera de nuestra frontera como parte de la operación judicial. Pero esas decisiones las tomaran los fiscales que conocen de la investigación y los jueces que ejercen el control jurisdiccional. Legalmente existe esa posibilidad” comentó ayer Mayta en declaraciones a radio Télam.
El Gobierno argentino presentó el lunes una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de material destinado a reprimir las movilizaciones contra la asonada que derribó a Morales.
Al respecto, el canciller Mayta afirmó que en la actualidad solo se puede ver “la punta del iceberg” en una investigación que muestra la vinculación internacional que consolidó al gobierno de facto de Jeanine Áñez, quien en la actualidad se encuentra detenida en Bolivia acusada del delito de sedición.
“Esa consolidación fue realizada y pensada a través de vencer y derrotar al movimiento popular mediante operaciones militares policiales de represión a la protesta social con uso de armamentos”, detalló.
En ese sentido, el jefe de la diplomacia del Estado Plurinacional indicó que para llevar a cabo estas operaciones resultó necesario el envió de material represivo desde Argentina, algo que se agradeció en una “nota escrita” enviada por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, a la Embajada argentina en La Paz, el 13 de noviembre de 2019.
“El 13 de noviembre llego el material bélico en un avión. El 14 el gobierno de Áñez emitió un decreto supremo que dispuso que se desarrollen las operaciones militares contra la protesta social. No se dijo, pero se habilitó el uso de armamentos letales”, completó.
Mayta recordó que ese decreto de Áñez también estableció liberar “de responsabilidad penal” a los militares por los actos represivos que se ejecutaron, fundamentalmente en el departamento de Cochabamba y la ciudad de El Alto.
Un día después “se da una primera masacre”, mientras que el 16 de noviembre llegan otros “cargamentos especiales” desde Ecuador, país que también se encuentra bajo investigación por enviar material bélico en este contexto.
“El 19 de noviembre se da otra masacre más y en el ínterin hubo varias operaciones de represión militar y policial con uso de estos materiales, que se dicen no letales, en acciones violentísimas que finalmente logran consolidar a Jeanine Áñez en el Gobierno”, subrayó.
Además, el ministro dudó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) pueda manifestarse porque “ha sido uno de los actores principales de la desestabilización” del gobierno del ex presidente Morales.
“Si algo podemos pensar de la OEA es que si ha habido una articulación internacional para provocar la caída de Morales y consolidar a (Jeanine) Áñez en el Gobierno. En esa articulación estarían varios operadores de esa Organización”, afirmó.
Por otra parte consideró que Añez va a continuar en prisión preventiva “por unos meses” mientras continúa la investigación y se define si “va a ir a juicio”, aunque no cree que la exoneren de responsabilidad “dada la cantidad de evidencia en su contra”.
“El pueblo de Bolivia quiere saber la verdad y que es lo que ocurrió claramente, pero no quieren que se lo cuenten de forma demagógica o solamente discursiva, sino con elementos concretos y objetivos, como la carta que se presentó o los elementos que están surgiendo en Argentina. Por eso es necesario que las víctimas tengan justicia", puntualizó.
El fundador de WikiLeaks denunció penalmente a la Fundación Nobel por el galardón a María Corina Machado, a la que acusa de incitar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El caso expone cómo la política de potencia reconfigura el sentido del premio y tensiona el propio testamento de Alfred Nobel.
En un gesto sin precedentes dentro del bloque, Argentina se negó a firmar la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, político que refleja el viraje conservador y un retroceso en materia de derechos sexuales, reproductivos y combate a la violencia de género bajo la administración de Javier Milei.
En unas elecciones marcadas por la baja participación y votos nulos, la independiente Catherine Connolly se impuso con más del 64% de los votos y representa un claro desafío al tradicional gobierno de centroderecha. Su triunfo agita el escenario político europeo e irlandés, evidenciando el desencanto social y el auge de las posturas críticas frente a la elite gobernante.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
Tras 15 horas de debate maratoniano, el oficialismo celebró la media sanción con presencia de la "familia Milei", mientras afuera del congreso la policía infiltro y reprimió salvajemente a manifestantes. Sindicatos denuncian un retroceso histórico para los trabajadores. Los tres senadores cordobeses acompañaron en general la ofensiva contra los trabajadores. Llaryora quien acompaño la reforma, reprimio a manifestantes en Córdoba.
El fotorreportero formalizó desde el Hospital Manuel Rocca su presentación como querellante en la causa por la represión del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso, en la que fue gravemente herido por un disparo de gas de la Gendarmería. La querella reclama avanzar sobre los mandos del operativo y sobre la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien acusan de intentar influir en la Justicia desde los medios.
El gobernador Martín Llaryora subrayó que "estamos implementando el plan de federalización universitaria más ambicioso de la historia de Córdoba". La nueva universidad se ubicará en el sur de la capital y beneficiará a más de 113 mil habitantes de la zona. Esto facilitará el acceso a la educación superior pública y gratuita para miles de jóvenes que actualmente enfrentan retos en su traslado y acceso. La inversión provincial supera los 5.000 millones de pesos.
La Cámara de Diputados dio una media sanción irresponsable priorizando el punitivismo sobre los derechos de la niñez, ignorando advertencias de expertos y la Iglesia. Todos los diputados de la derecha cordobesa voto el proyecto de Milei, incluyendo a cordobesitas y libertarios.
Trabajadoras y trabajadores de prensa de todo el país, nucleados en Fatpren y en sus sindicatos de base, rechazaron la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado y advirtieron que profundizarán el plan de lucha para frenar el retroceso de derechos y la postergación de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.
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