“Adherimos a que se continúe con la producción, el trabajo y el desarrollo. No vamos a apoyar a ningún boicot que vaya a restringir la cadena alimenticia ni vaya a provocar a los argentinos desabastecimiento de alimentos en la góndola. No va vamos a provocar devaluación, inflación ni desabastecimiento”, remarcó Salas.
Así se refirió a la medida de protesta convocada para el lunes, martes y miércoles de la semana próxima, en rechazo al cierre temporal del registro de exportaciones de maíz dispuesto por el Gobierno.
El dirigente rural explicó en diálogo con Télam que “ya se cumplió con una exportación de 34 millones de toneladas de maíz el año pasado”, y señaló que “siempre se acuerda que, cada vez que se alcanza un determinado cupo de exportaciones, se reserva el resto para la producción”.
Aseguró que “es algo que históricamente está acordado entre todos los actores de la cadena del maíz, para la provisión de la cadena de la alimentación”, y precisó “esto abarca a los productores de pollos, a los feedlot, a la lechería, y a la producción de bioetanol y alimentos, como la polenta y el aceite de maíz”.
Además, puntualizó que “los exportadores son los que retienen el maíz” porque -afirmó- “el productor en su mayoría ya lo vendió”.
En consecuencia, subrayó que el sector agroexportador es el que “está reclamando liberar y exportar, y no cumplir los acuerdos históricos que hubo con la cadena alimenticia para sostener los precios, el mercado, el empleo y los salarios”.
Salas remarcó que “esta medida adoptada por el Gobierno fue hecha a pedido y solicitud de las cámaras interesadas, especialmente la de pollos, ya que el maíz es su insumo diario”.
“Ellos le manifestaron al Gobierno el incumplimiento en los acuerdos por parte de la cadena que tiene los acopios del maíz”, indicó el ruralista, quien sostuvo que “el ministro (de Agricultura Luis) Basterra, preocupado por la mesa de los argentinos y por la cadena de producción de alimentos, suspendió las exportaciones hasta el 31 de marzo, que es cuando termina la cosechan”.
Aseguró que “es una medida que no perjudica a nadie y beneficia a los 40 millones de argentinos”, y sostuvo que “cualquier valoración distinta que se haga, es una cuestión político partidaria”.
“Quienes eran hasta hace poco funcionarios del gobierno anterior, salieron a decir que defienden la Patria. Defender la Patria es poner los alimentos en la mesa de los argentinos a precio accesible y continuar la cadena del trabajo y la producción”, afirmó Salas.
Consideró que “el cese de comercialización es una decisión político partidaria opositora al Gobierno”, y añadió que refleja “la necesidad de posicionarse electoralmente de cara a las legislativas de este año”.
Télam
