"Hacemos un llamado enérgico a las autoridades de la región a atender las necesidades humanitarias de las personas migrantes y de quienes buscan protección internacional, con pleno respeto de sus derechos humanos", dice el manifiesto, difundido la tarde del 2 de octubre con motivo de una nueva caravana de centroamericanos que marcha con intención de llegar a la frontera sur de Estados Unidos a pedir asilo.
La organizaciones hacen "un urgente llamado a la empatía y la solidaridad entre los pueblos centroamericanos y mexicanos" hacia las personas que huyen de sus países por la violencia y la pobreza, indica el documento.

El desplazamiento forzado de miles de personas, en lo que se ha llamado "caravanas de migrantes", es el resultado de la descomposición social en los países de la zona centroamericana y sureste mexicano, consideran las organizaciones.

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Entre las causas de este fenómeno, señalan "la corrupción, la inseguridad, las múltiples violencias, las muertes, el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, la militarización de las fronteras y el endurecimiento de las políticas migratorias en la región". 

Estas causas, que se profundizan con la pandemia por el coronavirus, "tienen un trasfondo político y económico estructural que son responsabilidad de los Estados centroamericanos, mexicano y estadounidense".

El llamamiento a los gobiernos lleva la firma de más de 150 organizaciones aglutinadas en 13 redes de defensores de migrantes y promotores de la paz.

Entre las redes más numerosas están el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, el Bloque Latinoamericano sobre Migración, el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras y la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala.

La declaración reseña que en la madrugada del jueves 1 de octubre de 2020, un grupo de unas 2.000 personas salió de la localidad hondureña de San Pedro Sula (norte) con el objetivo de emigrar hacia México y Estados Unidos.

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El documento indica que el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador publicó un comunicado advirtiendo que aplicará a los migrantes los códigos penales de los estados sureños de Chiapas y Tabasco, para sancionar con penas de cinco a diez años de prisión a las personas que pongan en riesgo de contagio a otras.

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Con esta amenaza manifiesta, México "está llevando al ámbito penal un hecho que requiere atención desde la protección y garantía de derechos humanos", dice la denuncia. 

Esa advertencia gubernamental es contraria a la necesidad de atención humanitaria "que permita garantizar los derechos a la seguridad, a la salud y a la vida de las personas en movilidad, poniendo especial atención en los niños, niñas y adolescentes que integran el contingente", lamentan los defensores de los desplazados.

Denuncian además que, durante los siete meses que lleva la contingencia sanitaria, el Instituto Nacional de Migración mexicano "ha sido negligente en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, a quienes incluso abandonó en la frontera sur mexicana, poniendo en riesgo su salud".

Hasta el momento, ningún funcionario ha sido sancionado por ordenar dicha acción.

"Por primera vez (México) amenaza con aplicar el derecho penal de manera generalizada, faltando al debido proceso y el marco constitucional", expresan las organizaciones.

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En ese sentido, afirman que el Gobierno mexicano debería detener "todo tipo de declaraciones que acrecienten la discriminación y xenofobia en contra de las personas migrantes". 

López Obrador se refirió en los siguientes términos a la caravana: "Hablando con franqueza nos parece muy raro, es muy extraño que salga esta caravana en víspera de la elección en Estados Unidos, es mucha casualidad".

También le pareció inexplicable que las autoridades hondureñas hayan permitido que partieran los migrantes.

El extenso documento deplora que "las políticas punitivas regionales de contención y criminalización solo contribuyan a agravar la crisis humanitaria de migración y refugio".

Las organizaciones civiles recordaron finalmente que los gobiernos están obligados a cumplir con sus obligaciones internacionales, con el respeto a derechos humanos y brindar asistencia humanitaria, procurando garantizar el derecho a la salud.