Los presidentes de Venezuela y Argentina, Nicolás Maduro y Alberto Fernández, aparecen en la lista de 167 políticos de todo el mundo que expresaron su respaldo a una carta al Gobierno británico llamándole que detenga la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a EEUU, y que lo ponga en libertad.
Mundo22 de septiembre de 2020
Sures Noticias
Entre las personalidades que apoyaron la carta figuran expresidentes de una decena de países de América Latina: Cristina Fernández de Kirchner (Argentina, 2007-2015), Dilma Rousseff (Brasil, 2011-2016), Ernesto Samper (Colombia, 1994-1998), Evo Morales (Bolivia, 2006-2019), Fernando Lugo (Paraguay, 2008-2012), José Mujica (Uruguay, 2010-2015), Leonel Fernandez (República Dominicana, 1996-2012), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil, 2003-2011), Martín Torrijos (Panamá, 2004-2009), Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017).
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Además, la iniciativa fue respaldada por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y otros políticos.
Arreaza señaló que defender al ciberactivista de una extradición a EEUU significa luchar por la verdad.
"Julian Assange dejó al desnudo al más feroz de los imperios. Hoy enfrenta la furia de un juicio de extracción que pone en riesgo su libertad y su vida. Defender a Assange es defender el derecho de los pueblos a conocer la verdad y a luchar contra las atrocidades hegemónicas", dijo el canciller en su cuenta de la red social Twitter.
Dicha misiva está dirigida al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, al ministro nacional de Justicia, Robert Buckland, al ministro de Exteriores, Dominic Raab, y a la titular del Interior, Priti Patel, para "expresar la preocupación colectiva por violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos fundamentales de Julian Assange y por el precedente que crea su persecución".
"Les pedimos que actúen en conformidad con el derecho nacional e internacional, los derechos humanos y el estado de derecho, poniendo fin a los procedimientos actuales de extradición y concediéndole al señor Assange la libertad que ha pedido desde hace mucho", dice el texto de la carta.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclama a Assange por un delito de "conspiración para cometer intrusión informática" y 17 cargos por acceder, obtener y divulgar documentos secretos, militares y diplomáticos, entre 2010 y 2011.
Los cargos imputados contra Assange se penalizan en su conjunto con 175 años en prisión.
La audiencia para decidir si Assange debe ser enviado a Estados Unidos se reanudó el 7 de septiembre en el Corte Criminal Central de Londres, después de seis meses de retraso debido a la pandemia de COVID-19.
El fundador de WikiLeaks se encuentra encerrado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh desde su arresto en la Embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019.
Fuente @Sputnik
El fundador de WikiLeaks denunció penalmente a la Fundación Nobel por el galardón a María Corina Machado, a la que acusa de incitar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El caso expone cómo la política de potencia reconfigura el sentido del premio y tensiona el propio testamento de Alfred Nobel.
En un gesto sin precedentes dentro del bloque, Argentina se negó a firmar la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, político que refleja el viraje conservador y un retroceso en materia de derechos sexuales, reproductivos y combate a la violencia de género bajo la administración de Javier Milei.
En unas elecciones marcadas por la baja participación y votos nulos, la independiente Catherine Connolly se impuso con más del 64% de los votos y representa un claro desafío al tradicional gobierno de centroderecha. Su triunfo agita el escenario político europeo e irlandés, evidenciando el desencanto social y el auge de las posturas críticas frente a la elite gobernante.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.