Los presidentes de Venezuela y Argentina, Nicolás Maduro y Alberto Fernández, aparecen en la lista de 167 políticos de todo el mundo que expresaron su respaldo a una carta al Gobierno británico llamándole que detenga la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a EEUU, y que lo ponga en libertad.
Mundo22 de septiembre de 2020
Sures Noticias
Entre las personalidades que apoyaron la carta figuran expresidentes de una decena de países de América Latina: Cristina Fernández de Kirchner (Argentina, 2007-2015), Dilma Rousseff (Brasil, 2011-2016), Ernesto Samper (Colombia, 1994-1998), Evo Morales (Bolivia, 2006-2019), Fernando Lugo (Paraguay, 2008-2012), José Mujica (Uruguay, 2010-2015), Leonel Fernandez (República Dominicana, 1996-2012), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil, 2003-2011), Martín Torrijos (Panamá, 2004-2009), Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017).
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Además, la iniciativa fue respaldada por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y otros políticos.
Arreaza señaló que defender al ciberactivista de una extradición a EEUU significa luchar por la verdad.
"Julian Assange dejó al desnudo al más feroz de los imperios. Hoy enfrenta la furia de un juicio de extracción que pone en riesgo su libertad y su vida. Defender a Assange es defender el derecho de los pueblos a conocer la verdad y a luchar contra las atrocidades hegemónicas", dijo el canciller en su cuenta de la red social Twitter.
Dicha misiva está dirigida al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, al ministro nacional de Justicia, Robert Buckland, al ministro de Exteriores, Dominic Raab, y a la titular del Interior, Priti Patel, para "expresar la preocupación colectiva por violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos fundamentales de Julian Assange y por el precedente que crea su persecución".
"Les pedimos que actúen en conformidad con el derecho nacional e internacional, los derechos humanos y el estado de derecho, poniendo fin a los procedimientos actuales de extradición y concediéndole al señor Assange la libertad que ha pedido desde hace mucho", dice el texto de la carta.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclama a Assange por un delito de "conspiración para cometer intrusión informática" y 17 cargos por acceder, obtener y divulgar documentos secretos, militares y diplomáticos, entre 2010 y 2011.
Los cargos imputados contra Assange se penalizan en su conjunto con 175 años en prisión.
La audiencia para decidir si Assange debe ser enviado a Estados Unidos se reanudó el 7 de septiembre en el Corte Criminal Central de Londres, después de seis meses de retraso debido a la pandemia de COVID-19.
El fundador de WikiLeaks se encuentra encerrado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh desde su arresto en la Embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019.
Fuente @Sputnik
El fundador de WikiLeaks denunció penalmente a la Fundación Nobel por el galardón a María Corina Machado, a la que acusa de incitar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El caso expone cómo la política de potencia reconfigura el sentido del premio y tensiona el propio testamento de Alfred Nobel.
En un gesto sin precedentes dentro del bloque, Argentina se negó a firmar la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, político que refleja el viraje conservador y un retroceso en materia de derechos sexuales, reproductivos y combate a la violencia de género bajo la administración de Javier Milei.
En unas elecciones marcadas por la baja participación y votos nulos, la independiente Catherine Connolly se impuso con más del 64% de los votos y representa un claro desafío al tradicional gobierno de centroderecha. Su triunfo agita el escenario político europeo e irlandés, evidenciando el desencanto social y el auge de las posturas críticas frente a la elite gobernante.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.