Esta rectificación alimenta las críticas hacia las fuerzas operativas, los investigadores y las autoridades del Gobierno, a quienes se les achacan errores y malos procedimientos, según informó el diario asunceño Ultima Hora.

Una de las críticas partió del representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien hoy calificó la acción militar como “un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”.

El duro pronunciamiento de Jarab disparó una inmediata reacción del Gobierno nacional, que vía Cancillería emitió una declaración que calificó de irresponsable al representante de la ONU por "insinuar una posible alteración de los hechos" ocurridos en el operativo en Yby Yaú, del departamento Concepción, el pasado miércoles.

"(Este) hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina de la Alta Comisionada llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo", añade el escrito.

En tanto, el forense Cristian Ferreira había dicho ayer que las edades de las niñas varían entre 15 y 18 años, aunque ayer se confirmó que tenían 11 años y meses, tal como informó la tía de las niñas muertas, Genoveva Oviedo Brítez, hermana del líder del EPP, Alcídez Oviedo Brítez.

La mujer precisó que las fallecidas son Aurora y Liliana, de 11 y 12 años de edad, y que una era hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza, mientras la otra de Liliana Villalba, todos reconocidos miembros del grupo armado.

“Se tomaron muestras de ellas (las vestimentas) y por esta cuestión del Covid, (por) que es el manejo, automáticamente se tienen que destruir. Pero antes de esa destrucción se hacen tomas fotográficas, las cuales tenemos todas agregadas a la carpeta fiscal”, afirmó ayer el agente del Ministerio Público en conversación con el programa La Lupa, de Telefuturo.

Añadió que las otras ropas halladas en el campamento también se destruyeron luego de las muestras fotográficas.

Delfino señaló que precisamente solicitaron la exhumación de los cuerpos “atendiendo a la controversia que se está suscitando en cuanto a la edad y la supuesta identidad de los padres” de las menores de edad.

“Vamos a hacer las muestras de ADN para realizar el correspondiente proceso penal contra los progenitores o tutores”, subrayó.

La destrucción de las ropas recibió diversas críticas, entre ellas la de la excandidata presidencial Lilian Soto, quien fustigó la acción. “¡Qué horror! Con lo que hicieron jamás sabremos si las niñas estaban con uniforme militar o jugando en pijamas. Es espantoso”, expresó.

En este sentido, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) había alertado en una nota que “es momento de revisar la inconstitucional existencia de la FTC”.

Por su parte, la Mesa de Presidentes de Partidos de Oposición rechazó en un comunicado la acción militar en el Norte y exigió una investigación seria, exhaustiva e imparcial sobre los hechos acontecidos.

El Frente Guasu (FG) demandó que la muerte de las dos niñas sea investigada y aclarada.