gatillo facil

Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.

La política represiva del gobierno de Llaryora va en consonancia con la política represiva de Milei, y de sus antecesores Schiaretti y De la Sota. Once de las muertes por parte del aparato represivo fueron en casos de gatillo fácil, en situaciones de persecución, o por medio de torturas durante detenciones. Las otras seis fueron en contextos de encierro, afirmaron desde sus redes sociales el Frente Antirrepresivo en Lucha de Córdoba.

Aníbal Fernández había dicho que la aplicación de la ley penal más benigna pondría punto final a los procesos que se siguen contra los represores de la dictadura militar. Los especialistas explicaron al medio Télam por qué eso no pasará en este caso.

La Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil encabeza como cada año el reclamo por violencia institucional. La movilización es en el marco de la movilización nacional contra la represión y violencia institucional estatal. En Córdoba la concentración partirá desde Colón y General Paz a las 17 hs.

El hecho ocurrió el pasado 14 de junio luego de que el joven Ezequiel Guillermo Castro de 21 años de edad fuera trasladado al Hospital Misericordia por personal policial el lunes 13 de junio.