Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.
Argentina02 de septiembre de 2024
Sures Noticias
Los casos de gatillo fácil y violencia institucional siguen siendo uno de los flagelos más graves de la democracia. Una deuda que sigue sin ser saldada. En la provincia de Buenos Aires, los casos de muertes sospechosas en manos de la policía bonaerense, son una marca registrada y todos los años dejan un registro tenebroso.
También se multiplican los casos de muertes en comisarías. Casi siempre con la misma historia (difícil de creer): las personas detenidas aparecen colgadas en su celda, inexplicablemente. Los familiares denuncian que se tratan de asesinatos encubiertos por parte de la policía provincial.
La violencia institucional en todo el país ha despertado la denuncia constante de muchos organismos de derechos humanos y de familiares de víctimas, que ahora impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de Axel Kicillof deje de cubrir el financiamiento de abogados y peritos de los policías que se encuentren involucrados en casos sospechosos de gatillo fácil o violencia institucional.
El proyecto de ley fue redactado por el legislador provincial del FIT, Guillermo Kane, quien asegura que con esto no se busca “reformar a la policía provincial, sino que se acote la desigualdad entre víctimas y victimarios”.
Según una investigación periodística encabezado por el DiarioAr, uno de los peritos que defendió la hipótesis de suicidio del caso Sofía Fernández -mujer trans que apareció muerta en su celda tras ser detenida- participó en otros tres casos de muertes similares en comisarías.
Un dato clave para determinar cuál es la objetividad e imparcialidad de la justicia frente a miembros de las fuerzas de Seguridad.
En los últimos meses, las muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses se multiplicaron. Los casos más recordados son los de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023), Sofía Fernández (2023) y Marcos Portela (2024).
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -uno de los organismos que más viene denunciando y trabajando para prevenir la violencia institucional- aseguran que el privilegio para que la policía sea asesorada y defendida por defensores públicos de la provincia se impulsó bajo el estatuto policial de 2008, durante el gobierno de Daniel Scioli.
“Con lo cual, se podría eliminar algo que finalmente fue un derecho regresivo”, aseguran.
Desde el 2012, la CPM registró una muerte por ahorcamiento por mes, entre otras causas de fallecimiento, dentro de las estaciones policiales.
Fuente: Argmedios
El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de La Plata condenó a Luis Alberto Ramos a cadena perpetua por el homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género de Tehuel de la Torre.
En ese universo 504 fueron condenadas, 127 están procesadas y 5 aguardan la resolución de su situación procesal. Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles tienen entre 70 y 75 años de edad. Estas cifras se dan en un marco en el que, desde 2006, se investigó a más de 3700 personas y recibieron condena casi 1200.
Roberto De La Cruz Gómez sigue siendo el último protestante detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad I de Ezeiza, tras haber participado en la movilización del 12 de junio de 2024 contra la Ley Bases.
Aproximadamente 2,3 millones de jóvenes de 25 a 35 años residen con sus padres o abuelos debido a la escasez de opciones de vivienda, según lo indica un estudio privado.
El expolicía del Servicio de Informaciones de Santa Fe cuenta con tres condenas -una de ellas firme- y está procesado en una causa. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario señaló que no existe un derecho a la prisión domiciliaria y que la edad mayor de 70 años no es una pauta que deba evaluarse de manera exclusiva para su otorgamiento. Dispuso su traslado a una cárcel federal.
Según publica el sitio fiscales.gog.ar es el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que llegó a un tribunal internacional. Las víctimas fueron vistas con vida por última vez, golpeadas, el 28 de abril de 1990 en calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. El Estado argentino reconoció en 1996 su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo en Córdoba para dirigirse a empresarios de la liberal-derecha Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) y concluyó su visita con un café en el centro cívico, siendo recibido por el gobernador Martín Llaryora.
La ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, presentó la iniciativa que fortalecerá el sistema provincial de áreas y reservas naturales. Contempla acciones que se centrarán en la revalorización de estos espacios de conservación de biodiversidad. El plan incluye el relanzamiento del Programa de Federalización de estas áreas naturales.
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La actividad se realizará este 30 de agosto a las 12 en la sede de la Casa Histórica de la CGT en Av. Vélez Sarsfield 137, con la presencia de la Lic. Liliana Montero Ministra de Desarrollo Humano y la Lic. Tamara Pez, Secretaria de DD HH y Diversidad, ambas del Gobierno de Córdoba.
El Duo sin Viento junto a Jorge Chacho Marzetti se presentan este viernes 30 de agosto a las 21 hs, con entrada libre y salida a la gorra consciente, en el Centro Cultural La Piojera, recuperado por la lucha barrial: Av. Colón 1559 -B° Alberdi
Con este último dato, la inflación interanual ha llegado a un alarmante 276%, y el acumulado anual muestra un aumento del 104%.