Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.
Argentina02 de septiembre de 2024
Sures Noticias
Los casos de gatillo fácil y violencia institucional siguen siendo uno de los flagelos más graves de la democracia. Una deuda que sigue sin ser saldada. En la provincia de Buenos Aires, los casos de muertes sospechosas en manos de la policía bonaerense, son una marca registrada y todos los años dejan un registro tenebroso.
También se multiplican los casos de muertes en comisarías. Casi siempre con la misma historia (difícil de creer): las personas detenidas aparecen colgadas en su celda, inexplicablemente. Los familiares denuncian que se tratan de asesinatos encubiertos por parte de la policía provincial.
La violencia institucional en todo el país ha despertado la denuncia constante de muchos organismos de derechos humanos y de familiares de víctimas, que ahora impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de Axel Kicillof deje de cubrir el financiamiento de abogados y peritos de los policías que se encuentren involucrados en casos sospechosos de gatillo fácil o violencia institucional.
El proyecto de ley fue redactado por el legislador provincial del FIT, Guillermo Kane, quien asegura que con esto no se busca “reformar a la policía provincial, sino que se acote la desigualdad entre víctimas y victimarios”.
Según una investigación periodística encabezado por el DiarioAr, uno de los peritos que defendió la hipótesis de suicidio del caso Sofía Fernández -mujer trans que apareció muerta en su celda tras ser detenida- participó en otros tres casos de muertes similares en comisarías.
Un dato clave para determinar cuál es la objetividad e imparcialidad de la justicia frente a miembros de las fuerzas de Seguridad.
En los últimos meses, las muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses se multiplicaron. Los casos más recordados son los de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023), Sofía Fernández (2023) y Marcos Portela (2024).
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -uno de los organismos que más viene denunciando y trabajando para prevenir la violencia institucional- aseguran que el privilegio para que la policía sea asesorada y defendida por defensores públicos de la provincia se impulsó bajo el estatuto policial de 2008, durante el gobierno de Daniel Scioli.
“Con lo cual, se podría eliminar algo que finalmente fue un derecho regresivo”, aseguran.
Desde el 2012, la CPM registró una muerte por ahorcamiento por mes, entre otras causas de fallecimiento, dentro de las estaciones policiales.
Fuente: Argmedios
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.