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Dos casos de “gatillo fácil” en la mira
El 28 de diciembre de 2025, en la intersección de Salta y Constitución, el policía de la Ciudad Santiago Emmanuel Barrientos disparó tres veces su arma reglamentaria contra Víctor Javier Vargas, de 35 años, quien le daba la espalda. La autopsia y reconstrucciones posteriores confirmaron que una de las balas ingresó por la nuca y salió por la frente, lo que convirtió el caso en un claro ejemplo de “gatillo fácil” y llevó a que la causa pase de la justicia local a la justicia nacional, bajo la figura de homicidio agravado.
Por otro lado, el 25 de diciembre de 2025, en la Villa 20 de Lugano, el oficial primero de la Policía de la Ciudad Darián Gastón Miño disparó una escopeta contra Juan Gabriel González a menos de cinco metros, impactando al menos nueve postas en su abdomen. El juez Hugo Decaría procesó a Miño con prisión preventiva por homicidio agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad y desmintió la versión policial que culpaba a familiares y amigos de la víctima. Además, otros policías y vigilantes privados quedaron imputados por encubrimiento en la causa.
El rol del Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad
En ambos casos, el Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la representación de los imputados: en el caso de Constitución, del propio Barrientos; en el de Lugano, de los vigilantes privados señalados por encubrir el accionar de Miño. Esa estructura, creada para asistir jurídicamente a personal de seguridad, se ha convertido en un punto de tensión con organizaciones sociales y de derechos humanos, que señalan que los recursos públicos terminan financiando la defensa de funcionarios y privados acusados de crímenes graves.
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la abogada María del Carmen Verdú advirtió que “no es la defensa oficial de cualquier persona sin recursos. Los pagamos con nuestros impuestos. Vengan de a uno a discutir que el gatillo fácil no es política de Estado”. Para Correpi y otras organizaciones, el hecho de que el Estado porteño financie y organice la defensa de estos agentes y vigilantes refuerza la sensación de impunidad estructural frente a los casos de violencia policial.
Críticas y debate sobre la política de seguridad
Organizaciones como Correpi y otras agrupaciones de derechos humanos sostienen que la forma en que se articula la defensa jurídica de los policías y vigilantes refleja una política de encubrimiento institucional más que un mero acompañamiento técnico. En los dos casos, las reconstrucciones y pericias desmontaron versiones oficiales que buscaban justificar los disparos como legítima defensa, lo que alimenta el reclamo de que la Ciudad debe revisar tanto su doctrina de uso de la fuerza como su modelo de defensa jurídica interna.
En este marco, las familias de Víctor Vargas y de Gabriel González reclaman justicia y rechazan cualquier intento de normalizar como “error individual” lo que, según sus relatos y las investigaciones, responden a patrones de violencia sistemática. La decisión de que el Ministerio de Seguridad asuma la defensa de los imputados, en lugar de limitarse a garantizar el derecho a un abogado independiente, profundiza el debate sobre hasta dónde llega la responsabilidad del Estado cuando sus propios agentes y contratistas cometen crímenes.
