Funcionarios nacionales y provinciales de Río Negro de las áreas de Seguridad y Justicia y pueblos originarios firmaron hoy en San Carlos de Bariloche un acuerdo para garantizar la protección e integridad de la comunidad mapuche Buenuleo, frente a los ataques que vienen sufriendo en los últimos años por un conflicto por tierras, informaron a Télam fuentes oficiales.
Argentina07 de mayo de 2020
Sures Noticias
"Con la resolución que tuvo el conflicto del que era víctima la comunidad Buenuleo, se pone en marcha una política de Estado que impulsa el Gobierno Nacional desde que firmó el mecanismo de abordaje para solucionar en forma pacífica las disputas con los pueblos originarios, y especialmente con la comunidad Mapuche", dijo el secretario de Articulación Federal de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks.
Esta rúbrica procura concretar los principios de gestión consensuados en el marco de la "Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales de los Pueblos Originarios", cuyo objetivo es encontrar maneras no violentas de intervención ante conflictos de los que participan comunidades de todo el país.
El acuerdo de hoy, que garantiza seguridad a los habitantes de la zona y un análisis judicial del caso, se logró tras la visita de los funcionarios al territorio de la comunidad Buenuleo, que sufrió distintos ataques, el más grave de ellos la semana pasada, que finalizó con heridos de arma blanca, mujeres y niños golpeados y destrozos en viviendas.
Ese día, una patota encabezada por un hombre que se proclama propietario de las tierras que históricamente pertenecieron a esta comunidad en la ladera sur del cerro Ventana y que fueron usurpadas en 2014, golpeó a los integrantes de la comunidad y dejó un tendal de destrozos en sus casas.
"Hubo una agresión muy fuerte por un problema que está vinculado con la tenencia de la tierra y ese eje es algo que tenemos presente hoy, aquí en Bariloche, con un equipo del Ministerio de Seguridad con el que llegamos para involucrarnos en varios temas", había confirmado Fuks a Télam.
Con este acuerdo, dijo, "se pone en marcha una política de Estado que impulsa el Gobierno nacional desde que firmó el mecanismo de abordaje para solucionar en forma pacífica conflictos con pueblos originarios y especialmente con la comunidad Mapuche".
El ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, aseguró: "El balance es positivo, siempre el diálogo lleva a obtener mejores resultados".
El acuerdo fue firmado por Fuks, Pérez Estevan, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda; la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro, Werken Deolinda Buenuleo; la investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y del Conicet Laura Kropff; Orlando Carriqueo, que es miembro del Parlamento Mapuche de Río Negro, y Nehuen Maico Loncoman, delegado zonal de la Coordinadora para el Desarrollo de los pueblos aborígenes de Río Negro.
Sandra Ferman, integrante de la comunidad, dijo a Télam: "Estamos agradecidos, como se lo dijimos a los funcionarios, en vista de todo lo sucedido". Y expresó su deseo de "ahora estar más tranquilos".
El acta emplaza, por el término de 90 días, a lograr soluciones inmediatas y evaluar la situación de los reclamos territoriales, demandas de seguridad y ejercicio pleno de derechos de La Lof Che Buenuleo.
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Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
Tras 15 horas de debate maratoniano, el oficialismo celebró la media sanción con presencia de la "familia Milei", mientras afuera del congreso la policía infiltro y reprimió salvajemente a manifestantes. Sindicatos denuncian un retroceso histórico para los trabajadores. Los tres senadores cordobeses acompañaron en general la ofensiva contra los trabajadores. Llaryora quien acompaño la reforma, reprimio a manifestantes en Córdoba.
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El gobernador Martín Llaryora subrayó que "estamos implementando el plan de federalización universitaria más ambicioso de la historia de Córdoba". La nueva universidad se ubicará en el sur de la capital y beneficiará a más de 113 mil habitantes de la zona. Esto facilitará el acceso a la educación superior pública y gratuita para miles de jóvenes que actualmente enfrentan retos en su traslado y acceso. La inversión provincial supera los 5.000 millones de pesos.
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