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El pasado martes, representantes de las comunidades mapuches Fvta Xayen (Tratayén/Añelo), Newen Kura (Rincón de los Sauces), Ragilew Cárdenas (Picún Leufú) y Kelv Kura (Portezuelo) se encadenaron en la Casa de Gobierno de Neuquén. El reclamo es claro: que el Estado provincial cumpla las promesas asumidas y reconozca legalmente a las comunidades mediante la entrega de las personerías jurídicas, requisito fundamental para ejercer derechos colectivos y gestionar cualquier trámite ante el Estado.
“Son la Constitución Nacional, la provincia y el Convenio 169 de la OIT, además de otros tratados internacionales, los que obligan al gobierno provincial a intervenir”, sostienen los voceros mapuches, quienes denuncian amenazas de represión y de judicialización de la protesta por parte del Ejecutivo liderado por Figueroa.
La falta de personería jurídica deja a las comunidades en situación de vulnerabilidad: no pueden abrir cuentas bancarias, acceder a subsidios ni proteger legalmente sus tierras. Para las comunidades originarias, obtenerla equivale a lo que significa el DNI para cualquier ciudadano. Sin este reconocimiento, quedan fuera de las discusiones sobre el desarrollo petrolero y gasífero de la estratégica región de Vaca Muerta.
Una promesa repetidamente incumplida
En septiembre de 2024, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, firmó un acta donde se comprometía a resolver el otorgamiento de las personerías en un plazo de 15 días. “Al gobierno lo único que parece obligar es la explotación petrolera, porque lo que firma en las actas compromiso no obliga a los funcionarios políticos”, denunció Nelson Cárdenas, lonko de Ragilew Cárdenas, que encabezó el encadenamiento a las rampas de acceso de la sede gubernamental.
Tras casi 10 meses, las comunidades no solo no recibieron respuesta, sino que la única comunicación oficial fue la advertencia de una eventual judicialización de la protesta. Por ello, no descartan permanecer de forma indefinida en la Casa de Gobierno hasta que obtengan una solución concreta.
Referente legal y antecedentes judiciales
El reclamo comunitario se apoya en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), la Constitución provincial de Neuquén y en el Convenio 169 de la OIT, todos ellos de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino en materia de derechos indígenas67. A ello se suma un importante antecedente: en 2013, la Corte Suprema falló a favor de la Confederación Mapuche obligando a la provincia a modificar su legislación para adecuarla a los estándares federales e internacionales, en particular reconocidos por la autoconciencia, asentamiento de familias y consulta obligatoria.
Sin embargo, la judicialización del reconocimiento de comunidades mapuches sigue siendo motivo de debate. En 2018, la Corte Suprema de Justicia anuló la personería jurídica otorgada a seis comunidades por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) por no haber consultado a la provincia. No obstante, el dictamen también reafirmó la obligación provincial de establecer el registro y reconocimiento, en cooperación con la Nación.
Una situación prolongada y multicomunitaria
Las cuatro comunidades que protestan no están solas. Otras doce de la Confederación Mapuche de Neuquén comparten su situación. Todas han cumplido los requisitos formales, pero la falta de voluntad política posterga sistemáticamente su reconocimiento legal, un derecho avalado por la ley y los tratados internacionales, pero negado en la práctica. “Pensamos quedarnos aquí hasta que el gobernador nos diga en la cara por qué no quiere entregar las personerías. Estamos cansados de promesas y mentiras”, enfatizó Cárdenas.
Fuente Canal Abierto
