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La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del agente de la Policía Federal Cristian Rivaldi por su actuación en la represión durante una marcha de jubilados, que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2024. Este evento se desarrolló en el contexto de una creciente tensión social en Argentina, donde las protestas se han intensificado por la situación económica y los derechos de los jubilados.
El caso de Rivaldi se centra en un hecho particularmente impactante: el uso de gas lacrimógeno en un contexto donde se vio atacada una niña de apenas diez años, identificada como Fabrizia. Durante la marcha, que reunía a personas que exigían mejoras en el sistema previsional y garantías de sus derechos, se produjo un gran despliegue y represión policial. Testigos informaron que la represión fue desmedida y que el uso de gas lacrimógeno se convirtió en un recurso habitual para dispersar a los manifestantes.
Cristian Rivaldi, en su defensa, había solicitado su sobreseimiento alegando que actuó bajo órdenes de sus superiores y que, en medio del caos de la protesta, no había tenido la intención de afectar a la menor. Argumentó que no había visto a Fabrizia en el momento del incidente y justificó su uso de gas como parte de un procedimiento regular en situaciones de "violencia constante". Sin embargo, el juez Sebastián Ramos refutó estos argumentos, remarcando que el uso de gas lacrimógeno contra personas que se encontraban en el suelo, y que no representaban una amenaza, constituía un abuso de autoridad y lesiones leves.
La figura de Patricia Bullrich, quien supervisaba el operativo represivo policial, añadió un componente político a la controversia. Bullrich fue criticada por sus declaraciones en las que negaba los actos policiales y se alejaba de la responsabilidad de su administración. Este enfrentamiento entre los derechos de los manifestantes y la actuación del estado resuena con una parte significativa de la población, que ha visto en los actos de represión una amenaza a los derechos humanos garantizados por la Constitución argentina.
Además, el caso ha abierto un debate más amplio sobre el papel de las fuerzas de seguridad en la gestión de protestas y el uso de la violencia por parte del Estado. Organizaciones de derechos humanos se han manifestado en contra de este accionar, argumentando que la supervisión y la rendición de cuentas son esenciales para evitar abusos de poder. La existencia de un video que documenta parte de la represión y que ha circulado en las redes sociales alimentó la indignación pública, proporcionando una perspectiva visual que acompaña a los testimonios de quienes estaban presentes.
