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El intento del Gobierno nacional de cerrar la Dirección de Vialidad Nacional sufrió este miércoles un revés significativo. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) y resolvió frenar la disolución del emblemático organismo.
La medida, conocida como "no innovar", impide al Ejecutivo avanzar en la eliminación de este ente autárquico, cuya desaparición formaba parte del paquete de reformas impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la conducción de Federico Sturzenegger, dentro del marco de la Ley Bases.
Desde Sevina, la secretaria general Emiliana Mcnamara celebró la decisión judicial, subrayando que “Vialidad se creó a partir de un decreto ley que le otorga autonomía y, por ello, no puede disolverse arbitrariamente”. Además, consideró que la aplicación de la Ley Bases al caso “es inconstitucional”.
Mcnamara destacó que la tarea del gremio continuará: “Queremos mantener Vialidad Nacional, porque es el organismo responsable del cuidado de las rutas nacionales. Este problema no se resuelve desfinanciando ni disolviendo el organismo”.
La demanda judicial de Sevina no fue la única en contra del proceso de cierre. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) también presentó un amparo para frenar no solo la disolución de Vialidad, sino también la de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Esta acción busca que la Justicia declare inconstitucional el decreto que habilita el cierre de estos entes y suspenda sus efectos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Por el momento, la decisión judicial congela el futuro de la Dirección de Vialidad Nacional y mantiene el debate abierto sobre el alcance y las consecuencias de la Ley Bases en la estructura del Estado y sus organismos clave.
