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Chaco. El caso de Daniel Vera, docente jubilado y trabajador de OSPLAD, detenido el pasado 2 de julio en Resistencia por publicaciones en Facebook, se convirtió en uno de los episodios más controvertidos del año en materia de derechos humanos y libertades democráticas.
La detención
La orden fue emitida por el juez federal Ariel Lijo, quien consideró que las expresiones de Vera constituían amenazas, coacción agravada e incitación al odio, tipificadas en los artículos 149 bis, 149 ter y 213 bis del Código Penal. En sus publicaciones —realizadas bajo el seudónimo “Elpidio Sánchez”—, el docente expresó su repudio al genocidio en Palestina y críticas directas al gobierno nacional.
Tras su arresto, Vera fue alojado en la Comisaría Tercera de Resistencia, donde permaneció sin cama, colchón, acceso a baño ni contacto con su defensor. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus, denunciando violaciones a la dignidad humana. La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó entonces mejorar su situación, garantizando condiciones básicas, atención médica y contacto con su defensa.
Arresto domiciliario y carta pública
El 11 de julio, la Justicia dispuso su arresto domiciliario. Desde allí, Vera difundió una carta abierta en la que denunció ser víctima de persecución política y acusó al gobierno de implementar un “sistema represivo para silenciar voces disidentes”. En ese texto, también reconstruyó la cronología de su caso, incluyendo las audiencias de indagatoria y los fallos de Cámara que rechazaron sus apelaciones.
Marco legal en debate
La defensa sostiene que las expresiones de Vera están protegidas por el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que amparan la libertad de expresión incluso frente a discursos críticos hacia el poder político. Para juristas y especialistas en derechos humanos, el proceso judicial revela un uso expansivo del derecho penal sobre discursos políticos en redes sociales.
Repercusiones políticas
Sectores opositores (Unión por la Patria, partidos de izquierda y organizaciones sociales) denuncian un intento de criminalizar la protesta digital.
Voceros oficialistas afirman que la Justicia actuó ante “amenazas concretas” y que la causa no debe interpretarse como persecución política.
En Chaco, diputados provinciales y concejales emitieron declaraciones de repudio a las condiciones de detención, reclamando respeto al debido proceso.
En redes, el hashtag #LibertadParaDanielVera se convirtió en tendencia en julio, impulsado por colectivos pro Palestina, gremios docentes y agrupaciones de derechos humanos.
Organizaciones que acompañan el reclamo de libertad
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura del Chaco, clave en la presentación del hábeas corpus.
Organizaciones de derechos humanos como APDH, CELS y referentes locales de Resistencia.
Sindicatos docentes como ATECh y la CTA Autónoma, que reclaman su liberación plena.
Colectivos pro Palestina, que sostienen que se criminaliza la solidaridad con la causa palestina.
Un símbolo del debate democrático.
A un mes y medio de su arresto domiciliario, la situación de Vera se transformó en un caso testigo sobre los límites de la expresión en Argentina. Para sus defensores, se trata de un juicio político encubierto; para sus detractores, de una aplicación legítima de la ley penal frente a conductas consideradas amenazantes.
Cronología del caso Daniel Vera
2 de julio 2025: Detención en Resistencia, ordenada por el juez federal Ariel Lijo.
3-4 de julio: Permanencia en comisaría en condiciones precarias; audiencia de indagatoria.
5 de julio: El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura presenta hábeas corpus.
6 de julio: La jueza Zunilda Niremperger ordena mejorar las condiciones de detención.
11 de julio: La Justicia concede arresto domiciliario.
18 y 22 de julio: La Cámara Federal rechaza apelaciones y confirma procesamiento.
22 de agosto: Organismos de DD.HH. continúan exigiendo su liberación plena y alertan sobre riesgos a la democracia.
En una carta abierta dirigida a los medios de comunicación, el docente jubilado Daniel Vera relata el difícil calvario que enfrenta tras ser detenido por publicar críticas contra el genocidio y los crímenes de guerra sufridos por el pueblo de Palestina, así como también por cuestionar la postura del presidente Javier Milei y sus políticas de Estado.
La carta
Mi nombre es Daniel Vera, soy jubilado docente y trabajador de la Obra Social Para La Actividad Docente (OSPLAD), preso desde el 2 de julio de 2025, detenido con prisión domiciliaria desde el 11 de julio, por publicar en la red social Facebook, con el perfil de Elpidio Sanchez, mi repudio por el genocidio y los crímenes de guerra que está padeciendo el pueblo de Palestina en la Palestina ocupada y visibilizar a algunos de los responsables de nuestro gobierno y sus operadores y locutores mediáticos, que están llevando adelante un plan de entrega del país por medio del endeudamiento y la represión.
Escribo esto para explicar la situación que me toca vivir en el marco de la instauración de un sistema represivo, necesario para la puesta en marcha del plan de saqueo que lleva adelante el gobierno, sistema represivo que a finales del año pasado creó una brigada de ciberpatrullaje, de la Policía de la Ciudad (CABA), para realizar rastrillaje de redes sociales, infiltración en correos electrónicos, chats y otras posibilidades del universo virtual, y en febrero de este año sacó el decreto que legitima tal práctica.
En febrero de este año dicha brigada comenzó a investigar un grupo de Facebook llamado “Por Palestina”, grupo en el que yo realicé publicaciones a favor de la causa del pueblo palestino; a partir de esa investigación la brigada toma nota de mis publicaciones y enfoca su accionar en mi perfil de Facebook: Elpidio Sánchez; en el que yo realicé publicaciones de orden político, económico y social que ponen en evidencia la política de hambre y entrega que se está llevando a cabo.
La cronología de los hechos es la siguiente: El miércoles 2 de julio al mediodía comenzó el operativo de la brigada de ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad (CABA), ordenado por el Juzgado Federal a cargo del juez Lijo, con el allanamiento de mi domicilio, que duró hasta la noche, para luego ser detenido en la Comisaría 3ª de la Policía del Chaco.
El jueves 3 de julio el operativo continúa con el allanamiento de las oficinas de mi lugar de trabajo, OSPLAD; el viernes 4, al mediodía, se realiza la audiencia de indagatoria y en horas de la tarde el juez Lijo ordena la prisión preventiva y el traslado a una cárcel federal de la provincia del Chaco.
Luego de rechazar la apelación para recuperar la libertad, el viernes 18 el juez dictó mi procesamiento por coacción con el agravante de incitación al odio en contra de una minoría; para finalizar el martes 22 de julio con el rechazo de la segunda apelación, y última posibilidad, para obtener mi libertad, por lo que voy a continuar preso hasta el día del juicio.
Hago este relato al cumplirse un mes de mi detención, para poner en claro lo que está ocurriendo con mi situación y para corregir, en algo, la tergiversación que realizaron los operadores mediáticos al presentarme, y encuadrarme, como el “enemigo” que el poder está construyendo y para dar las gracias a todos los que han expresado su apoyo, solidaridad y afecto, tanto a mi como para a mi familia: Conocidos y desconocidos, organizaciones y tantos compañeros que dijeron “presente”.
Una mención muy especial al Comité contra la Tortura que desde el primer momento acompañó y presentó dos habeas corpus para reclamar por las condiciones de mi detención y evitar mi traslado a la cárcel.
Daniel Vera
