Con un festival y una jornada de concentración y lucha, organizaciones, familiares y militantes se preparan para volver a las calles. “Basta de gatillo fácil”. otra vez la consigna que convoca a encontrarse, resistir y mantener viva la memoria de lxs pibxs que faltan.
Córdoba22 de agosto de 2025
Sures Noticias
La 11° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil (MNCGF) ya tiene fecha y entusiasmo: volver a ocupar la calle, encontrarse y abrazarse en un contexto donde —denuncian— las políticas de muerte y la persecución a la militancia y a las disidencias se profundizan.
La consigna: “¡Basta de gatillo fácil!”. Bajo esa bandera, familiares de víctimas, organizaciones sociales, culturales y políticas se reunirán para sostener un espacio de memoria, resistencia y organización popular.
El primer encuentro será el sábado 23 de agosto en La Piojera (Av. Colón 1559), donde se llevará a cabo un Festival contra el Gatillo Fácil con la participación de La Julio, Yuba Candombe, Luis Sencillo, Chango Santiago, Ya.mov, Mantis At3a, Repiqueteando las Calles y Guille Vanadia. La propuesta es compartir música, fuego, comida y abrazos en una tarde de arte y militancia.
Luego, el miércoles 27 de agosto, la memoria se trasladará al espacio público con la Jornada de Lucha de la 11° MNCGF en el Paseo de Sobremonte, frente a Tribunales I. Allí, familiares de víctimas de gatillo fácil compartirán una merienda popular, junto con actividades de artivismo y una intervención de serigrafía a cargo de Territorio Colaborativo.
“En tiempos de hostilidad y fragmentación, volvemos a la ronda, a la charla, a la organización y al matecocido”, expresan desde la convocatoria. Las banderas, remarcan, son las de lxs pibxs que faltan, las mujeres y disidencias que sostienen ollas, y todas las personas que enfrentan la crueldad, la represión y la violencia.
De esta manera, la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil vuelve a encender la llama colectiva, agitando la memoria y reafirmando que las calles son el lugar donde la lucha se hace presente.
Diversas organizaciones políticas, sociales, gremiales y de DDHH de Córdoba repudiaron la agresión imperialista de Trump contra Venezuela: secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores para robar sus recursos. Exigieron su libertad inmediata y el fin de los ataques al pueblo y nación bolivariana.
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.