Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia denuncio la presencia en las calles de la localidad del represor Víctor Hugo Randazzo, ex oficial de la Policía Federal, es acusado de encubrir el crimen de los sacerdotes palotinos en 1976.
Córdoba21 de agosto de 2025
Sures Noticias
En Villa Allende, Córdoba, la presencia de Víctor Hugo Randazzo, comisario retirado de la Policía Federal, ha generado indignación. Señalado como uno de los encubridores de la Masacre de San Patricio, ocurrida el 4 de julio de 1976, Randazzo es acusado de participar en irregularidades deliberadas tras el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas en la parroquia de San Patricio, en Buenos Aires. Este crimen, el mayor atentado contra la Iglesia Católica durante la dictadura, permanece bajo investigación.
El colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia ha solicitado al juez Daniel Rafecas la indagatoria urgente de Randazzo y otros nueve expolicías de la Comisaría 37ª, donde Randazzo era oficial principal. Su firma en el acta sumarial, junto con la del comisario Rafael Fensore, evidencia un procedimiento plagado de irregularidades que habría facilitado la acción del grupo de homicidas. Desde 2021, la querella ha pedido que se investigue a Randazzo por posibles delitos de encubrimiento, complicidad, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y violación de documentos.
La comunidad exige justicia para evitar que este crimen de lesa humanidad quede en la impunidad. La investigación, ahora bajo la órbita de Rafecas, busca esclarecer la responsabilidad de la Policía Federal en la masacre, rompiendo décadas de silencio.
Víctor Hugo Randazzo es un excomisario retirado de la Policía Federal Argentina, señalado como oficial principal de la Comisaría 37ª en 1976, durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Se lo vincula con la Masacre de San Patricio, un crimen de lesa humanidad perpetrado el 4 de julio de 1976, en el que fueron asesinados tres sacerdotes palotinos (Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau) y dos seminaristas (Salvador Barbeito y Emilio Barletti) en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, Buenos Aires. Este hecho es considerado el mayor atentado contra la Iglesia Católica durante el terrorismo de Estado en Argentina.
Contexto y acusaciones
Masacre de San Patricio: Inicialmente, se atribuyó la masacre a grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Sin embargo, desde 2022, la investigación liderada por el juez federal Daniel Rafecas apunta a que fue una represalia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) de la Policía Federal, en respuesta a un atentado con bomba de Montoneros el 2 de julio de 1976 en la sede de la SSF, que funcionaba como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Los asesinos dejaron una inscripción en la escena: “Por los camaradas dinamitados en Seg. Federal. Venceremos. Viva la Patria”.
Rol de Randazzo: Según la querella de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Randazzo, quien firmó el acta sobre el hallazgo de los cuerpos, es sospechoso de haber participado en la liberación de la zona (permitiendo que el grupo de tareas actuara sin interferencias) y en el encubrimiento posterior del crimen. La Comisaría 37ª, bajo su órbita, recibió una denuncia de un joven que alertó sobre autos sospechosos (dos Peugeot con ocupantes) frente a la parroquia en la madrugada del crimen, pero no se actuó de inmediato ni se labró un acta correspondiente, lo que sugiere irregularidades.
Solicitud de indagatoria: En julio de 2025, la querella pidió a Rafecas que cite a indagatoria a Randazzo y a otros nueve exefectivos de la Comisaría 37ª (Miguel Romano, Atilio Juárez, Agustín Baez, Manuel Carrió, Ricardo Contreras, Héctor Oliveto, Alberto Rómulo, Roberto García y Ricardo De Víctor) por su presunta participación en la liberación de la zona y el encubrimiento. También se solicitó indagar al exjuez Guillermo Rivarola por no investigar adecuadamente el caso en 1976.
Situación actual de Randazzo
Residencia: Actualmente reside en Villa Allende, Córdoba, donde ha sido señalado como un “represor suelto” por organizaciones de derechos humanos y publicaciones en redes sociales, generando alerta en la comunidad.
Declaraciones de Randazzo: En una consulta de la agencia Télam, Randazzo negó su implicación en la masacre, atribuyéndola a la Triple A de José López Rega, y afirmó haber actuado como agente de inteligencia en la Guerra de Malvinas bajo el alias José María Fernández Reuther. Sin embargo, su nombre no figura en los padrones de excombatientes del Ministerio de Defensa, lo que pone en duda su relato.
Antecedentes: Randazzo, nacido en Córdoba en 1941, se retiró en 1986 con el grado de comisario. Según su perfil público, estudió idiomas en Francia y realizó cursos de inteligencia con el FBI y la DEA. También trabajó como investigador y analista de inteligencia para empresas privadas
Estado de la investigación
El juez Rafecas, quien asumió la causa en 2022 tras descartarse la hipótesis de la ESMA, ha solicitado legajos de cinco agentes de la Comisaría 37ª al Ministerio de Seguridad para avanzar en la investigación. También ha requerido informes a la Agencia Federal de Inteligencia, la Comisión Provincial por la Memoria y el Archivo Nacional de la Memoria, entre otros, para esclarecer los hechos.
Testimonios clave, como el del exinspector Rodolfo Peregrino Fernández (quien afirmó que una agenda de uno de los sacerdotes llegó al Ministerio del Interior) y del exguardia Armando Luchina (quien escuchó a personal de la SSF atribuirse la masacre), refuerzan la hipótesis de la responsabilidad de la Policía Federal.
La querella considera que la inacción de la Comisaría 37ª y la falta de preservación de pruebas (como proyectiles y cápsulas que estuvieron cuatro meses en la comisaría) contribuyeron a garantizar la impunidad.
Reclamo judicial
El colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, junto con querellantes como Ramiro Varela, impulsa la reactivación de la causa para identificar a los autores materiales y partícipes necesarios, con el objetivo de llegar a un juicio oral. La investigación de Rafecas es vista como un avance significativo tras décadas de impunidad, y se destaca su compromiso con los derechos humanos. Además, en 2023, la estación Echeverría del subte B fue renombrada “Echeverría – Mártires Palotinos” en homenaje a las víctimas.
En resumen, Víctor Hugo Randazzo es señalado como un posible cómplice en la Masacre de San Patricio por su rol en la Comisaría 37ª, y su indagatoria, junto con la de otros expolicías, ha sido solicitada con urgencia al juez Rafecas. La investigación sigue activa, con pruebas que apuntan a la Policía Federal como responsable, y la comunidad de Villa Allende ha sido alertada sobre su presencia en la localidad.
El gobernador Martín Llaryora mantuvo una reunión positiva con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, donde abordaron temas clave como el Presupuesto 2026 y la situación fiscal de la provincia. El encuentro marca un cambio de tono en las relaciones entre Córdoba y el Gobierno nacional, apostando al consenso y la productividad.
CECOPAL y Radio Sur lanzan una iniciativa para recaudar fondos y regalar libros nuevos a niños y niñas en vacaciones, fortaleciendo el derecho a la cultura y la lectura.
En el Mes del Activismo por los Derechos Humanos, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC realizó un debate sobre las recientes exhumaciones en el ex centro clandestino La Perla, donde el hallazgo de restos óseos refuerza la lucha por verdad y justicia en torno a los crímenes de la última dictadura cívico-militar.
Por su parte, el personal adherido a la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires llevará adelante sus tareas con normalidad.
Se presentó "Hay otro camino. Proyecto para una reforma fiscal justa". La actividad se realizó este jueves 6 de noviembre y contó con la participación de Pablo Semán, investigador del CONICET; Silvia Naishtat, periodista económica de Clarín; Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET-CIEPP - DAWN; y Claudia “La Negra” Albornoz, referente de La Poderosa.
La 19° edición de la Marcha de la Gorra (MdlG) tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a las 18 horas en la ciudad de Córdoba, con un fuerte mensaje contra el abuso policial y la represión estatal. La convocatoria en sus redes sociales insiste en mantener la lucha contra las injusticias y en solidarizarse para sostener la organización de esta protesta histórica.
En el Mes del Activismo por los Derechos Humanos, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC realizó un debate sobre las recientes exhumaciones en el ex centro clandestino La Perla, donde el hallazgo de restos óseos refuerza la lucha por verdad y justicia en torno a los crímenes de la última dictadura cívico-militar.
CECOPAL y Radio Sur lanzan una iniciativa para recaudar fondos y regalar libros nuevos a niños y niñas en vacaciones, fortaleciendo el derecho a la cultura y la lectura.
El gobernador Martín Llaryora mantuvo una reunión positiva con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, donde abordaron temas clave como el Presupuesto 2026 y la situación fiscal de la provincia. El encuentro marca un cambio de tono en las relaciones entre Córdoba y el Gobierno nacional, apostando al consenso y la productividad.
Un grupo de más de diez compañías del sector, incluyendo a Globant y UALA, han llevado a cabo despidos, a pesar de que el sector contaba con pronósticos favorables. Desde el Gremio de la Computación advierten sobre la elevada desregulación en la industria y anticipan que la situación se complicará aún más debido al fenómeno del "freelance".