El mensaje contenía una amenaza de muerte hacia a la funcionaria nacional y fue remitido el 19 de diciembre de 2024 por el Messenger de la red Facebook. La fiscalía identificó a un vecino de Orán como el supuesto autor del acto intimidatorio, realizado en un contexto de reclamo por la muerte de un trabajador de frontera en Aguas Blancas a manos de un disparo de escopeta tras un incidente registrado con efectivos de Gendarmería Nacional cuya responsabilidad política es de Bullrich.
01 de julio de 2025
Sures Noticias
A pedido de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, el juez federal de Garantías de esa jurisdicción, Gustavo Montoya, hizo lugar a la formalización de la investigación penal requerida contra un hombre de esa ciudad salteña que está acusado de haber amenazado de muerte a la ministra Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el 19 de diciembre de 2024, a través del sistema de mensajería de la red social Facebook.
Se trata de Clemente Rojas, quien en una audiencia de formalización realizada el 23 de junio pasado, quedó imputado por el delito de amenazas.
La investigación -que tiene un plazo de 90 días- es llevada adelante por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, el fiscal federal Marcos Romero, con la colaboración del auxiliar fiscal Luis Francisco Valencia y el investigador Enzo Rodríguez.
Al presentar el caso, el fiscal repasó los antecedentes del hecho, que se inició el día en que la funcionaria nacional recibió la amenaza, a través de su buzón de mensajes de la red social de Facebook. El remitente estaba identificado con el nombre “Jesús Robles” y la cuenta tenía su correspondiente foto de perfil.
El mensaje hacía referencia a la muerte del trabajador de frontera Fernando Gómez, la que ocurrió el 18 de diciembre último -un día antes de la amenaza-, cuando fue alcanzado por un disparo de escopeta tras un incidente registrado con efectivos de Gendarmería Nacional. Al respecto, cabe señalar que el 1° de abril pasado, esta misma fiscalía formalizó una investigación penal seguida contra cinco gendarmes del Escuadrón 20 de Orán por el delito de homicidio en riña agravado por el uso de arma.
La amenaza a Bullrich incluía insultos hacia la funcionaria y anunciaba un ataque contra ella si se hacía presente en esa ciudad fronteriza. También negaba que la víctima del hecho se tratara de un “narco” y hacía extensiva la amenaza de muerte a un gendarme.
El mensaje motivó que el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, radicara la correspondiente denuncia.
La investigación: cuentas vinculadas
En una primera instancia, la investigación quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Daniel Rafecas.
Las primeras pesquisas estuvieron a cargo de la División de Delitos Constitucionales de la Policía Federal que determinó que, al día siguiente de la emisión del mensaje amenazante, el remitente había inhabilitado el servicio de mensajería (Messenger) de la red empleada.
Las investigaciones siguieron hasta que dicha fuerza detectó una cuenta de Facebook vinculada a la de “Robles”, cuyo usuario registraba residencia en Orán. Entre otros detalles, se advirtió una publicación cargada el 23 de diciembre del 2024 -cuatro días después de la amenaza a Bullrich-, en la que daba una opinión respecto al escrache realizado en contra de la “Casa de Salta” en Buenos Aires por la muerte de Gómez en el incidente con personal de Gendarmería Nacional, en Aguas Blancas.
Al profundizar la explotación de datos de dicha cuenta, se identificó al ahora imputado Rojas como su titular. También se advirtió que sus características físicas coincidían con las de la foto de perfil del usuario “Robles”, remitente del mensaje intimidatorio enviado a la ministra.
El 15 de mayo pasado, tras verificar que Rojas residía en Orán y que desde esa ciudad se había enviado la amenaza, el juez Rafecas declaró la incompetente por jurisdicción y remitió las actuaciones a la justicia federal de Salta.
Así fue como la Sede Fiscal Descentralizada de Orán del MPF avanzó con el caso hasta dar con Rojas como el sospechoso, quien se trataría de un trabajador de frontera y ahora quedó formalmente imputado por las amenazas a la funcionaria nacional.
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