El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
El nuevo Plan de Inteligencia Nacional, elaborado por la SIDE bajo el mando de Sergio Neiffert, abre la puerta al seguimiento de periodistas, economistas, académicos y opositores políticos que cuestionen al Gobierno de Javier Milei. Así lo revela una investigación de La Nación, firmada por el periodista Hugo Alconada Mon, que accedió al documento clasificado y verificó su autenticidad.
Diversas organizaciones y ciudadanos han expresado su enérgico rechazo al procesamiento de la diputada nacional Vanina Biasi y a la condena del dirigente Alejandro Bodart. Ambas decisiones, consideradas parte de una ofensiva judicial contra la libertad de expresión, fueron dictadas por el juez federal Daniel Rafecas el 7 de abril de 2025. EL Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH, Colectivo Más Democracia y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos firmantes de Córdoba.
Ante una nueva ofensiva del Directorio de EPEC ordenada por el Gobierno de la provincia de Córdoba, que avanza con el desmantelamiento de los sectores de trabajo y una nueva ola de persecución a delegados, a quienes pretende quitarles la tutela sindical para dejarlos cesantes, el gremio pidió el cese de la violencia laboral. El sindicato convoco para el día de hoy a una jornada de lucha con asamblea y movilización.
Nuevas críticas al funcionario bonaerense de la administración de María Eugenia Vidal y a la existencia de armados de causas en una mesa judicial de persecución ideológica.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
Las condenas incluyeron a dos exmilitares, dos expolicías de la provincia de Santa Cruz y un exprefecto. Otros dos acusados fueron declarados inocentes. El tribunal consideró los actos como delitos de lesa humanidad y reconoció oficialmente los lugares como sitios de memoria. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el 13 de febrero.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.