El vecino de Córdoba describió con detalle dos episodios de vigilancia protagonizados por una camioneta del Ministerio de Seguridad de la Nación frente a inmuebles de su propiedad, sin embargo la Cámara Federal rechazó su hábeas corpus preventivo y desoyó el núcleo de su preocupación: saber si el Estado lo estaba siguiendo sin causa ni control judicial.
El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
El nuevo Plan de Inteligencia Nacional, elaborado por la SIDE bajo el mando de Sergio Neiffert, abre la puerta al seguimiento de periodistas, economistas, académicos y opositores políticos que cuestionen al Gobierno de Javier Milei. Así lo revela una investigación de La Nación, firmada por el periodista Hugo Alconada Mon, que accedió al documento clasificado y verificó su autenticidad.
Diversas organizaciones y ciudadanos han expresado su enérgico rechazo al procesamiento de la diputada nacional Vanina Biasi y a la condena del dirigente Alejandro Bodart. Ambas decisiones, consideradas parte de una ofensiva judicial contra la libertad de expresión, fueron dictadas por el juez federal Daniel Rafecas el 7 de abril de 2025. EL Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH, Colectivo Más Democracia y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos firmantes de Córdoba.
Ante una nueva ofensiva del Directorio de EPEC ordenada por el Gobierno de la provincia de Córdoba, que avanza con el desmantelamiento de los sectores de trabajo y una nueva ola de persecución a delegados, a quienes pretende quitarles la tutela sindical para dejarlos cesantes, el gremio pidió el cese de la violencia laboral. El sindicato convoco para el día de hoy a una jornada de lucha con asamblea y movilización.
Nuevas críticas al funcionario bonaerense de la administración de María Eugenia Vidal y a la existencia de armados de causas en una mesa judicial de persecución ideológica.