El Gobierno impulsa la desafiliación en los sindicatos de ARCA y la Aduana, ofreciendo una opción digital en medio de un intenso conflicto debido a la disminución de los salarios. Los sindicatos están considerando llevar esta situación a la justicia y a la OIT.
Argentina02 de mayo de 2025
Sures Noticias
Las organizaciones sindicales han expresado su contundente rechazo ante la reciente decisión del empleador de implementar una opción dentro del sistema SARHA que permite a los trabajadores gestionar su afiliación o desafiliación sindical de manera digital. Este comunicado, difundido por los gremios AEFIP y SUPARA, cuestiona la medida adoptada por el Gobierno Nacional en un contexto de fuerte conflicto por la política de reducción salarial propuesta por los libertarios.
Se señala que esta herramienta, que se presenta como un canal “ágil y transparente”, constituye una inaceptable intromisión en la autonomía de los sindicatos, vulnerando sus derechos y constituyendo una injerencia laboral prohibida por las leyes argentinas y los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado.
Se destaca que la afiliación sindical es un derecho personal y voluntario de cada trabajador, que debe ser ejercido directamente con el sindicato correspondiente. La patronal no tiene derecho legal a gestionar estos procesos; su único deber es aplicar los descuentos necesarios una vez que el sindicato lo notifique formalmente.
Además, se menciona que la Constitución Nacional (art. 14 bis), la Ley de Asociaciones Sindicales N.º 23.551 y los Convenios 87 y 98 de la OIT protegen la libertad sindical, prohibiendo toda interferencia del empleador en la organización de los trabajadores. También se advierte sobre la protección de datos personales, como la pertenencia a un sindicato, que exige el consentimiento informado según la Ley 25.326.
Este nuevo mecanismo de afiliación y desafiliación, que incluye funcionalidades del sistema SARHA para calcular automáticamente el porcentaje "recuperado" en caso de desafiliación, se considera una práctica desleal, antisindical e ilícita. Por ello, se exige la inmediata cancelación de este canal digital, advirtiendo que se darán los pasos legales ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, la OIT y se iniciarán acciones judiciales pertinentes.
Asimismo, se hace un llamado a no dejarse engañar, resaltando que la libertad sindical es una conquista colectiva y no un simple trámite digital, fundamental para garantizar los derechos laborales, las negociaciones paritarias, las condiciones de trabajo y la dignidad de la clase trabajadora.
Finalmente, se establece que esta medida recuerda a periodos oscuros de la historia argentina, donde el proceso militar atacó las estructuras sindicales, fomentando la desafiliación de trabajadores y despojándolos de sus derechos y libertades.
Fuente Infogremiales
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.