Milei ordenó la detención ilegal de Juan Grabois tras protesta pacífica en defensa del Instituto Nacional Juan Domingo Perón

La manifestación, que se realizó el sábado, se oponía al cierre del instituto, decretado por el gobierno de Javier Milei.
Grabois aseguró que la acción fue una defensa del “derecho a la memoria histórica” frente a lo que calificó de “actitud dictatorial” del gobierno.

Durante su permanencia en la Superintendencia de Investigaciones Federales de Villa Riachuelo, varios referentes políticos, como Leandro Santoro y Horacio Pietragalla, se acercaron para exigir su liberación.
El jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rolle, indicó que la orden de detención fue emitida por Milei y la ministra Patricia Bullrich. Al ser liberado, Grabois criticó las condiciones laborales de la policía y prometió cambios si llegara a ser presidente en 2027.

Bullrich, por su parte, defendió la detención: “Se terminó el vale todo. Estamos cumpliendo con la ley”. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también justificó el cierre del Instituto Perón, argumentando que generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos.
Finalmente, el presidente Javier Milei celebró la detención de Grabois, destacando la acción en un mensaje oficial.

CGT

La CGT denunció la detención sin orden judicial de Juan Grabois y un estudiante universitario durante un operativo policial en el Instituto Juan Domingo Perón. Acusó al Gobierno de actuar de manera arbitraria y reiteró su reclamo por la preservación del patrimonio histórico bajo su custodia.
La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado en el que condena lo que considera un “avance antidemocrático” por parte del Gobierno Nacional, tras la intervención policial en el Instituto Juan Domingo Perón ocurrida el pasado sábado 7 de junio.

Según la central obrera, durante el operativo fueron detenidos de forma ilegal el dirigente social Juan Grabois y el estudiante universitario Valentín Peralta Ramos. «Fueron ilegalmente detenidos, sin orden judicial que respalde ese acto», denunció la CGT, señalando que este hecho “desnuda un modus operandi ilegal y antidemocrático que la CGT no está dispuesta a aceptar y mucho menos naturalizar”.