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En el marco de las medidas de reparación ordenadas en el fallo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia que declaró como delitos de lesa humanidad en el marco de un proceso de genocidio a los hechos perpetrados en 1924 en la Masacre de Napalpí, avanza el proceso de digitalización de documentos para la creación de un archivo histórico de la reducción de Napalpí.
En esa línea, desde 2023 se llevan adelante, de manera continua, tareas de limpieza, de identificación, conservación preventiva, clasificación y almacenamiento de todo el material documental hallado en el edificio histórico de la Reducción Napalpí, bajo la coordinación de la Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura, el Archivo Histórico “Monseñor José Alumini”, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas e integrantes de la Mesa de Gestión Territorial de Napalpí.
El 24 de octubre último toda la documentación fue trasladada a la ciudad de Resistencia y desde los primeros días de noviembre se realizan los correspondientes procesos técnicos de digitalización y resguardo. Se trata de una labor colectiva iniciada desde la Mesa de gestión Territorial Napalpí en acuerdo con el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH).
Esta etapa de digitalización es realizada de manera simultánea en las sedes del Archivo Histórico de la Provincia, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-CONICET) y la Facultad de Humanidades de la UNNE.
Al finalizar, los documentos pasarán a formar parte de un archivo digital público que permitirá investigar las políticas públicas con los pueblos indígenas y pasarán a constituir el acervo del museo que debe crearse en Colonia Aborigen.
El juicio por la verdad
El 19 de mayo de 2022, el Estado argentino fue condenado por planificar, ejecutar y encubrir el asesinato de entre 400 y 500 personas en el sur del Chaco el 19 de junio de 1924. La sentencia fue dictada por titular del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, en el marco de un juicio por la verdad e incluyó una serie de puntos con medidas reparatorias para los pueblos Qom y Moqoit.
En el juicio intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y el fiscal ad hoc Diego Vigay.
