Se trata de un trabajo coordinado entre la Dirección de Patrimonio Cultural junto con el archivo histórico de la provincia, el Instituto de Investigaciones Geohistorias (IIGHI-CONICET) y la Facultad de Humanidades de la UNNE.
Argentina02 de diciembre de 2024
Sures Noticias
En el marco de las medidas de reparación ordenadas en el fallo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia que declaró como delitos de lesa humanidad en el marco de un proceso de genocidio a los hechos perpetrados en 1924 en la Masacre de Napalpí, avanza el proceso de digitalización de documentos para la creación de un archivo histórico de la reducción de Napalpí.
En esa línea, desde 2023 se llevan adelante, de manera continua, tareas de limpieza, de identificación, conservación preventiva, clasificación y almacenamiento de todo el material documental hallado en el edificio histórico de la Reducción Napalpí, bajo la coordinación de la Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura, el Archivo Histórico “Monseñor José Alumini”, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas e integrantes de la Mesa de Gestión Territorial de Napalpí.
El 24 de octubre último toda la documentación fue trasladada a la ciudad de Resistencia y desde los primeros días de noviembre se realizan los correspondientes procesos técnicos de digitalización y resguardo. Se trata de una labor colectiva iniciada desde la Mesa de gestión Territorial Napalpí en acuerdo con el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH).
Esta etapa de digitalización es realizada de manera simultánea en las sedes del Archivo Histórico de la Provincia, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-CONICET) y la Facultad de Humanidades de la UNNE.
Al finalizar, los documentos pasarán a formar parte de un archivo digital público que permitirá investigar las políticas públicas con los pueblos indígenas y pasarán a constituir el acervo del museo que debe crearse en Colonia Aborigen.
El juicio por la verdad
El 19 de mayo de 2022, el Estado argentino fue condenado por planificar, ejecutar y encubrir el asesinato de entre 400 y 500 personas en el sur del Chaco el 19 de junio de 1924. La sentencia fue dictada por titular del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, en el marco de un juicio por la verdad e incluyó una serie de puntos con medidas reparatorias para los pueblos Qom y Moqoit.
En el juicio intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y el fiscal ad hoc Diego Vigay.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.