La Procuraduría de Violencia Institucional presentó un nuevo informe sobre mujeres embarazadas y madres con niños y niñas detenidas en cárceles federales. El documento indica que en 2024 el 1,2% de la población carcelaria femenina está compuesto por mujeres embarazadas y que el 0,7% por mujeres con hijos/as, lo cual continúa la tendencia decreciente desde 2015. Ese año los porcentajes fueron 4,5% y 1,8%, respectivamente.
Argentina22 de noviembre de 2024
Sures Noticias
a Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó un nuevo informe sobre Mujeres embarazadas, madres y niños/as en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que analiza las variaciones de los últimos diez años y en ese contexto pone de relieve la disminución paulatina en la cantidad de mujeres que viven con sus hijos/as en contextos de encierro en cárceles federales. También analiza las cifras de mujeres embarazadas alojadas en establecimientos del SPF.
El informe de la oficina a cargo del fiscal Alberto Adrián María Gentili fue elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias, que registró, sistematizó y procesó la información proveniente de los reportes estadísticos oficiales del Servicio Penitenciario Federal (SPF), con el objetivo de difundir los datos actualizados sobre la cantidad, la distribución y la evolución de ese grupo de la población carcelaria.
Las cifras
El relevamiento evidencia que, en comparación al año pasado, la cifra de mujeres privadas de su libertad se incrementó de 769 a 853, aunque se mantiene la tendencia decreciente desde 2018, cuando se registró un pico de 1.135 mujeres alojadas en dependencias del SPF.
En cuanto a las mujeres embarazadas, el reporte señala un aumento en la cantidad: mientras que en 2023 había solo dos mujeres, al 30 de septiembre de 2024 hay diez mujeres embarazadas detenidas. Sin embargo, el número es inferior al pico registrado en 2017, cuando eran 19.
Por otra parte, este año disminuyó de siete -registrados en 2023- a seis la cifra de madres con hijos/as que viven en cárceles federales y de niños/as que viven con ellas. Esta variable también mantuvo la propensión decreciente respecto al 2017, cuando había 39 mujeres que vivían con sus hijos/as y 43 niños y niñas -menores de 4 años- que convivían con sus madres dentro de los penales.
Así, la PROCUVIN observa que el pico para los tres grupos se registró en 2017 y, a partir de allí, se produjo un descenso en los dos años posteriores y una abrupta caída en 2020, que podría estar vinculada al contexto de medidas adoptadas en el marco de la pandemia por el virus COVID-19.
Sector de mujeres de la cárcel de Ezeiza. | Foto: C. Conteris / Fiscales.gob.ar
El reporte destaca que, en términos relativos, la población de mujeres que conviven con hijos/as en prisión, muestra una proporción decreciente dentro del conjunto total de población de mujeres encarceladas. En efecto, del total de mujeres privadas de su libertad en cárceles federales en 2015, un 4,5% convivía con alguno/a de sus hijos/as, mientras que en septiembre de 2024 esa proporción disminuyó al 0,7%. En este aspecto también los valores más bajos coinciden con el contexto de la pandemia, los cuales se mantienen si se toma toda la serie.
En cuanto a las mujeres embarazadas, en 2015 había un 1,8%. En 2017 se registró un pico de 4,1% y luego, la cantidad comenzó a bajar -registrando las menores cifras en 2020 y 2023-, aunque subió a 1,2% en lo que va de 2024.
Por otra parte, el documento detalla consideraciones, criterios y recomendaciones de organismos internacionales, de referencia y marco ineludible en relación al tema de estudio: las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes”, conocidas como Reglas de Bangkok, sancionadas en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU); el “Estudio Global sobre niños privados de libertad”, realizado por la Organización de Naciones Unidas y publicado en 2020; y la Opinión Consultiva 29, del 30 de mayo de 2022, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe también incluye jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en relación a la aplicación del artículo 10° del Código Penal y de los artículos 32 y 33 de la Ley N°24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que establecen la concesión de penas de reclusión o prisión domiciliaria -a criterio del/la juez/a-, en casos de mujeres embarazadas, madres de niños/as menores de 5 años o de personas con discapacidad.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Familiares, amigos y organizaciones sociales reclaman la inmediata liberación de Gonzalo Emmanuel Videla Castro, imputado por supuesto incendio doloso del pino navideño en el centro mendocino tras participar en manifestaciones contra la minería. Hoy, a las 10 horas, se realiza la audiencia de control jurisdiccional en el Polo Judicial para definir su situación procesal, en medio de denuncias por criminalización de la protesta ambiental.
Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y el socialista Esteban Paulón promovieron un amparo para suspender el DNU 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia y convirtió a la SIDE en órgano central del sistema, con facultades propias de las fuerzas de seguridad. Sostienen que el decreto es inconstitucional, vulnera la división de poderes y abre la puerta a un modelo de Estado policial.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, desde que rige el DNU 274/2024, la jubilación mínima sin bono perdió casi un tercio de su valor frente al esquema anterior, mientras el Gobierno exhibe el ajuste previsional como pilar del superávit fiscal; el fin de la moratoria y el congelamiento del bono agravan la exclusión y la pobreza entre adultos mayores.
El ajuste de Milei dejo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 70-81% menos de recursos, mientras focos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén consumen miles de hectáreas y amenazan comunidades. Diputados opositores piden emergencia ígnea y fondos urgentes; brigadistas precarizados luchan sin apoyo nacional.
La Provincia modificará la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor para preservar la comparabilidad con las estadísticas nacionales y porteñas, en un contexto de críticas a la metodología del INDEC por el uso de una canasta desactualizada y ponderaciones que habrían subestimado la inflación y sus efectos sociales.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.