Procuraduría de Violencia Institucional informó sobre madres e hijas en situaciones de encierro en cárceles federales

a Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó un nuevo informe sobre Mujeres embarazadas, madres y niños/as en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que analiza las variaciones de los últimos diez años y en ese contexto pone de relieve la disminución paulatina en la cantidad de mujeres que viven con sus hijos/as en contextos de encierro en cárceles federales. También analiza las cifras de mujeres embarazadas alojadas en establecimientos del SPF.

El informe de la oficina a cargo del fiscal Alberto Adrián María Gentili fue elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias, que registró, sistematizó y procesó la información proveniente de los reportes estadísticos oficiales del Servicio Penitenciario Federal (SPF), con el objetivo de difundir los datos actualizados sobre la cantidad, la distribución y la evolución de ese grupo de la población carcelaria.

Las cifras

El relevamiento evidencia que, en comparación al año pasado, la cifra de mujeres privadas de su libertad se incrementó de 769 a 853, aunque se mantiene la tendencia decreciente desde 2018, cuando se registró un pico de 1.135 mujeres alojadas en dependencias del SPF.

En cuanto a las mujeres embarazadas, el reporte señala un aumento en la cantidad: mientras que en 2023 había solo dos mujeres, al 30 de septiembre de 2024 hay diez mujeres embarazadas detenidas. Sin embargo, el número es inferior al pico registrado en 2017, cuando eran 19.

Por otra parte, este año disminuyó de siete -registrados en 2023- a seis la cifra de madres con hijos/as que viven en cárceles federales y de niños/as que viven con ellas. Esta variable también mantuvo la propensión decreciente respecto al 2017, cuando había 39 mujeres que vivían con sus hijos/as y 43 niños y niñas -menores de 4 años- que convivían con sus madres dentro de los penales.

Así, la PROCUVIN observa que el pico para los tres grupos se registró en 2017 y, a partir de allí, se produjo un descenso en los dos años posteriores y una abrupta caída en 2020, que podría estar vinculada al contexto de medidas adoptadas en el marco de la pandemia por el virus COVID-19.

 Sector de mujeres de la cárcel de Ezeiza. | Foto: C. Conteris / Fiscales.gob.ar
El reporte destaca que, en términos relativos, la población de mujeres que conviven con hijos/as en prisión, muestra una proporción decreciente dentro del conjunto total de población de mujeres encarceladas. En efecto, del total de mujeres privadas de su libertad en cárceles federales en 2015, un 4,5% convivía con alguno/a de sus hijos/as, mientras que en septiembre de 2024 esa proporción disminuyó al 0,7%. En este aspecto también los valores más bajos coinciden con el contexto de la pandemia, los cuales se mantienen si se toma toda la serie.

En cuanto a las mujeres embarazadas, en 2015 había un 1,8%. En 2017 se registró un pico de 4,1% y luego, la cantidad comenzó a bajar -registrando las menores cifras en 2020 y 2023-, aunque subió a 1,2% en lo que va de 2024.

Por otra parte, el documento detalla consideraciones, criterios y recomendaciones de organismos internacionales, de referencia y marco ineludible en relación al tema de estudio: las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes”, conocidas como Reglas de Bangkok, sancionadas en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU); el “Estudio Global sobre niños privados de libertad”, realizado por la Organización de Naciones Unidas y publicado en 2020; y la Opinión Consultiva 29, del 30 de mayo de 2022, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El informe también incluye jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en relación a la aplicación del artículo 10° del Código Penal y de los artículos 32 y 33 de la Ley N°24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que establecen la concesión de penas de reclusión o prisión domiciliaria -a criterio del/la juez/a-, en casos de mujeres embarazadas, madres de niños/as menores de 5 años o de personas con discapacidad.