Mediante el Decreto 780/2024, el Poder Ejecutivo ha introducido modificaciones en la aplicación de la legislación. Se ha suprimido el requisito de informar acerca de asuntos de la "vida privada" y de las deliberaciones previas a una resolución gubernamental.
Argentina03 de septiembre de 2024
Sures Noticias
El Gobierno nacional modificó algunos aspectos de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre ellos, especificó el alcance de lo que se considera información pública, "protegiendo a la información privada", según justificó.
Los cambios se oficializaron a través del decreto 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La normativa reglamenta el artículo 1° de la Ley N° 27.275 en lo relacionado con el principio de “buena fe” y establece: “La violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”.
Este último fija que “el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización”.
A su vez, modificó el alcance de las definiciones de “información pública” y “documentos”. Con respecto a la primera, el Gobierno señala que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria”.
Dentro de estos, se encuentran: funcionarios de la administración nacional, los miembros del Congreso, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Pública Fiscal, el Consejo de la Magistratura, las empresas y sociedades del Estado, concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, entre otros.
En cuanto a "Documento", el texto detalla que la definición establecida en la Ley Nº 27.275 y su modificatoria debe entenderse referida a todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado en el marco de la actividad estatal. Las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”, fijaron.
En ese sentido, el Ejecutivo también reglamentó el artículo 4° de la legislación, que hasta el momento no había sido regulado. De esta manera, estableció que los requisitos formales de la solicitud de acceso a la información pública son los siguientes:
En caso de tratarse de una persona humana, su nombre y apellido, documento de identidad, domicilio y correo electrónico.
En caso de tratarse de una persona jurídica, la razón social y CUIT y la identificación de su representante en los términos del inciso a). Adicionalmente, copia del poder legalizado vigente que acredite su condición de representante o autorizado a tales efectos.
Excepciones
También se especificaron algunos puntos de la implementación del artículos de excepciones. Así, el texto indica que “la excepción será inaplicable cuando el titular del dato haya prestado consentimiento para su divulgación o cuando los datos estén estrechamente relacionados con las competencias de los funcionarios públicos”, así como también “será aplicaba a toda información que, por su especificidad, pueda ser utilizada para identificar rutinas, desplazamientos y ubicaciones de una persona; su conocimiento público, difusión o divulgación pueda, directa o indirectamente, causar daños y perjuicios; o se encuentre relacionada con denuncias o investigaciones en curso que, de hacerse pública, pueda poner en riesgo a denunciantes, testigos, víctimas o cualquier otra persona involucrada”.
Con respecto a las formas de acceso a la Información Pública, el Gobierno estableció que la plataforma para la gestión de solicitudes “contendrá un registro que permita la identificación del solicitante, el contenido de la solicitud y la respuesta brindada con el fin de agilizar y facilitar la respuesta de nuevas solicitudes cuyo contenido coincida con el de otras evacuadas previamente”.
Asimismo, la Agencia de Acceso a Información Pública elaborará estadísticas, a fin de identificar aquellas solicitudes reiterativas que generan un dispendio “innecesario de actividad administrativa por parte de los sujetos obligados o que configuren un abuso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los solicitantes”.
Sobre este último punto, será función de los responsables de esta área adoptar las medidas que sean necesarias “con el fin de de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública en condiciones de igualdad a favor de todas las personas habilitadas a tal efecto”, en el caso de que se verifiquen el ingreso de muchas solicitudes que reiteren un pedido ya contestado.
Por último, indicaron que “cuando una solicitud versare sobre información que se encuentre publicada en una página oficial de la red informática, esta se tendrá por satisfecha con la sola remisión a esa página. En caso de tratarse de información de actualización periódica, además de remitir al portal, se deberá indicar que este se encuentra sujeto a actualizaciones”.
Encuentro Federal pidió informes al Gobierno sobre el decreto que restringe el acceso a la información pública
A instancias de una iniciativa de Margarita Stolbizer, la bancada que preside Miguel Pichetto expresó “preocupación” ante un hecho que considera que “desvirtúa el espíritu de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública”.
El bloque Encuentro Federal de la Cámara de Diputados presentó hoy un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los alcances del decreto 780/23 que restringe el derecho al acceso a la información pública.
A través de un proyecto de resolución, y a instancias de una iniciativa de Margarita Stolbizer, la bancada que preside Miguel Pichetto expresó “preocupación” ante un hecho que considera que “desvirtúa el espíritu de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública”.
En primer lugar, los diputados opositores consultaron “si el Poder Ejecutivo consultó expresamente a la Agencia de Acceso a la información Pública (AAIP) sobre la pertinencia, conveniencia y/o necesidad de instrumentar medidas que restringen el acceso a la información pública”.
“En caso afirmativo, informar los fundamentos esgrimidos por la AAIP para acompañar o rechazar el Decreto 780/2024”, indicaron en el escrito dirigido a la AAIP y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
“En caso que la AAIP no haya sido consultada sobre los alcances del citado decreto, indique cuál es la postura de la Agencia frente al mismo”, agregaron en el texto.
También solicitaron que se adjunte “copia de los dictámenes emitidos por organismos o dependencias públicas en el marco del expediente administrativo que dio origen al referido Decreto”, como también que se adjunte “copia de las consultas realizadas a entidades u organismos de la sociedad civil referentes en la materia y obrantes en el expediente administrativo que dio origen al Decreto 780/2024”.
“Entendemos que con esta medida el gobierno restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre los funcionarios públicos, quienes desde el momento en que toman la decisión de ejercer cargos en los que se administran recursos del Estado deben estar sometidos al control de la sociedad”, manifestaron los diputados de Encuentro Federal en un comunicado.
Según expresaron, “la reserva de información respecto del patrimonio, la agenda y los gastos de los funcionarios que plantea el Decreto 780/24 nos retrotrae a la opacidad del pasado, marcada por la corrupción y abusos de poder”.
“De esta manera se debilita el funcionamiento de nuestra democracia y se genera una pérdida de confianza social en las instituciones”, aseguraron.
“Desde Encuentro Federal seguiremos bregando por la transparencia en el funcionamiento del Estado, la consolidación de las instituciones públicas y la igualdad de derechos a todas las personas”, concluyeron.
El pedido de informes lleva la firma de los diputados Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Mónica Fein, Ricardo López Murphy, Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Esteban Paulón y Juan Brügge.
Fte NA
El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de La Plata condenó a Luis Alberto Ramos a cadena perpetua por el homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género de Tehuel de la Torre.
Mientras que algunas regiones logran mantenerse a flote gracias a inversiones en sectores clave, otras se ven sumidas en una profunda crisis debido a la caída del consumo.
Roberto De La Cruz Gómez sigue siendo el último protestante detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad I de Ezeiza, tras haber participado en la movilización del 12 de junio de 2024 contra la Ley Bases.
Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.
El tribunal, integrado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, determinará el destino de Luis Alberto Ramos, acusado de "homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género".
El debate, que se espera se prolongue por un año, aborda los crímenes contra 114 víctimas en el ámbito de la Subzona militar 16, que funcionó bajo el exclusivo control de la Fuerza Aérea con los centros clandestinos de detención Mansión Seré, VIII Brigada Aérea de Moreno, Regional de Inteligencia de Buenos Aires con asiento en Morón, y diferentes dependencias policiales de Castelar y Moreno.
En el último año, 135 personas en situación de calle fallecieron en Argentina, mientras que la violencia institucional contra esta población aumentó un 500%. El Tercer Informe del Registro Unificado de Violencias (RUV) reporta 320 episodios de violencia hacia personas en situación de calle, destacando la violencia policial y el aumento de actos de agresión social. La invisibilidad de estas muertes y la falta de asistencia adecuada agravan la situación, revelando un contexto alarmante de violencia y marginación en la sociedad.
El gobernador Martín Llaryora anunció un programa que llevará conectividad satelital a diferentes puntos del interior. La iniciativa beneficia a estudiantes y docentes, pero también a la comunidad en general. Es una apuesta revolucionaria que busca la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial. Las cinco escuelas de alta montaña ya utilizan el sistema Starlink.
Cada miércoles, un grupo de jubilados se congrega en el Congreso para reclamar mejoras en sus pensiones. En esta ocasión, se sumaron más personas en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, y la policía, bajo el mando de Patricia Bullrich, procedió a dispersar la manifestación. Hoy marcharon en rechazo del anunciado veto del Poder Ejecutivo al aumento de las jubilaciones. Pese a la represión de la policía que golpeó y gaseó a Jubilados , jubiladas y también a la prensa, la marcha avanza nutrida desde el Anexo del Congreso hasta Plaza de Mayo. En Córdoba se realizaron rondas.
El Duo sin Viento junto a Jorge Chacho Marzetti se presentan este viernes 30 de agosto a las 21 hs, con entrada libre y salida a la gorra consciente, en el Centro Cultural La Piojera, recuperado por la lucha barrial: Av. Colón 1559 -B° Alberdi
La diputada nacional Gisela Marziotta junto al diputado de CABA presentaron los ejes principales de los Proyectos de Ley contra la violencia política presentados en la Legislatura de CABA y en la Cámara de Diputados/as de la Nación
Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.