La Red #ArgentinaNoBaja manifestó el rechazo el proyecto de bajar la edad de punibilidad de lxs adolescentes

Bajar la edad de punibilidad de los adolescentes constituye una medida que es ineficaz para solucionar la inseguridad, que incluso empeora la situación en vez de resolverla, que es inconstitucional porque es regresiva en términos de derechos humanos, y que culpabiliza a lxs adolescentes de los problemas que deben resolverse con la intervención del Estado social antes que penal, señalan desde la red.

La insistencia del gobierno en el tema desoye las recomendaciones realizadas por la absoluta mayoría de los especialistas convocados por el propio Ministro Garavano en las rondas de consulta de 2017, así como las observaciones rotundas del Comité de los Derechos del Niño de la ONU realizadas al Estado Argentino en junio del 2018, por UNICEF Argentina y hasta por la propia Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF) del mismo gobierno. Tal consenso demuestra que bajar la edad de punibilidad no soluciona ninguno de los problemas con los que se la pretende justificar, es contraproducente y regresivo, sentencian desde Argentina No Baja.

la organización  había publicado el pasado 21 de marzo 2017 los puntos claves de por qué todos los días, desde todos los puntos del país, cada vez somos más quienes gritamos fuerte que bajar la edad de punibilidad no es la solución.

6 puntos claves de por qué decimos #ArgentinaNoBaja la edad de punibilidad.

La Red Argentina No Baja nace con la vocación de articular las voces de quienes estamos contra la baja de edad de punibilidad. Una iniciativa amplia y plural que albergue a distintas expresiones sociales, culturales y políticas de quienes coincidimos en que nada tiene que ver la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil en base a los derechos humanos de los y las adolescentes, con la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad.
Por ello, frente a la reiterada propuesta de "bajar la edad de punibilidad", recientemente retomada por un sector del gobierno como modo de responder a situaciones puntuales de violencia y/o inseguridad, decimos que:

1) No sirve: La propuesta de bajar la edad de punibilidad para lograr mayores niveles de seguridad, es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años. Como ejemplo, el último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires indica que en 2015, sobre 175 homicidios registrados en 2015 en la Ciudad solo 1 caso fue cometido por un adolescente menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron cometidos por adolescentes entre 16 y 18 años (el 3,8% del total). Es ineficaz hacer una modificación sustancial en el código penal para incluir a una categoría de la población cuya incidencia estadística en las tasas de delito es ínfima.

2) Empeora la situación en vez de resolverla. Por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes (delitos contra la propiedad y no contra las personas), aplicar políticas de endurecimiento penal es contraproducente. Los estudios sobre los países en los que esto se hizo muestran cómo estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas.

3) Utiliza a los adolescentes como “chivo expiatorio” de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que en realidad son los primeros en sufrir. Se estigmatiza a los adolescentes pobres mostrándolos exclusivamente como delincuentes (2 de cada 3 noticias en los medios que hablan de niños y adolescentes son policiales), cuando son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud, la violencia institucional policial (son jóvenes las víctimas de gatillo fácil y quienes sufren hostigamientos, violencias y torturas cotidianas por parte de las fuerzas públicas en los barrios). Es necesario que el Estado garantice a todxs lxs pibxs educación,oportunidades concretas, trabajo para sus familias, promoción de sus derechos, las condiciones para que los adultos puedan ejercer su cuidado y protección.

4) Confunde  sobre el fondo de la cuestión: Es necesario distinguir dos discusiones que en el debate público aparecen entremezcladas: Una es la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos, que derogue el actual decreto ley n° 22.278 dictado por la Dictadura en 1980, pues su vigencia constituye una situación de irregularidad que dio lugar a condenas de tribunales internacionales. Pero ello no implica de ningún modo bajar la edad de punibilidad. Un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de lxs adolescentes debe regir para la franja de 16 y 17 años.
Y para los de 14 y 15 años que hoy pudieran estar privados de libertad, no es cierto que haya que incorporarlos al sistema penal para garantizar sus derechos constitucionales; si esto fuera así, quedarían por fuera de esas garantías todxs lxs niñxs menores de 14 años.

5) Es insconstitucional, al violar el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad, establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, bajada a 14 durante la dictadura en 1976/1980, y vuelta a establecer a poco de retornar a la democracia en mayo de 1983, en los 16 años, volver a bajarla sería afectar los derechos adquiridos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años.
Lo mismo ocurriría frente a la propuesta de bajar la edad sólo para los casos más graves. Ello está expresamente rechazado por el Comité de Derechos del Niño, órgano creado por la Convención sobre los Derechos del Niño que en Argentina tiene rango constitucional, que establece que el sistema de dos edades mínimas a menudo crea confusión y deja amplias facultades discrecionales al tribunal/juez, que pueden comportar prácticas discriminatorias (Observación General N°10).
Por último, sería incongruente respecto del conjunto de derechos y obligaciones de las personas en función de la edad. 16 años es la edad estipulada en la Argentina a partir de la cual se adquieren derechos y obligaciones: derecho a votar (Ley 26.774), a trabajar (Ley 26.390), a decidir plenamente sobre el propio cuerpo (Ley 26.994), y se alcanza la punibilidad penal. Sería incoherente que una persona pueda ser castigada penalmente antes de los 16 pero no pueda ejercer el resto de sus derechos.

6) Estado social antes que penal. El Estado debe garantizar a los niñas niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos. En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061 y en las leyes provinciales de protección, por su situación de vulnerabilidad. Proponer la baja de edad de punibilidad mientras se vacían, desfinancian y cierran las políticas públicas de inclusión, lejos de una solución a la sociedad, es una hipocresía.