Discursos pro dictadura. El ministro de Defensa, Luis Petri participo de un encuentro en el Círculo Militar de la Ciudad de Buenos Aires, donde afirmó que hubo una “demonización” de las Fuerzas Armadas que actuaron en los años ‘70 y remarcó que hay “un hilo” entre el “combate al terrorismo” y el conflicto que existe con el narcotráfico en Rosario.
Argentina21 de marzo de 2024
Sures Noticias
En la foto aperecen el ministro de Petri y Cecilia Pando junto Ana Magi (esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro, condenado a prisión perpetua por crímenes en La Perla de Córdoba), María Inés Hansen (esposa de Aldo Martínez Segón, condenado a perpetua por crímenes en Chaco) y María Inés Lamolla (esposa de Carlos Esteban Plá, condenado a perpetua por crímenes en San Luis).
Petri participó este martes en la presentación del libro Argentino del Valle Larrabure, mártir de Dios y de la Patria, escrito por el historiador Sebastián Miranda. “Vengo a pedir perdón por el olvido de la democracia con este héroe” señaló el funcionario a cargo de Defensa respecto del militar biografiado.
“Algunos dirigentes demonizaron a las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del ‘70. Sentí la necesidad de estar acá para homenajear a Larrabure que como buen soldado dio la vida por su Patria”, destacó Petri, según un comunicado difundido por Obispado Castrense.
Al cierre de su discurso, Petri comparó el accionar de las Fuerzas Armadas en los años del terrorismo de Estado con la política que pretende aplicar el gobierno para enfrentar a las organizaciones narcotraficantes que actúan en la ciudad de Rosario: “Hay un hilo entre el combate al terrorismo del pasado y la necesidad actuar en Rosario” concluyó.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
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