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Javier Milei envió en la tarde del miércoles al Congreso de la Nación la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", informó la cuenta oficial de la oficina del mandatario.
"Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación", dice la publicación en la plataforma X.
El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral.
Que dice el proyecto de ley
El proyecto de ley que propone el Gobierno ha generado un gran rechazo. En la introducción del proyecto, el Gobierno explica que una de sus propuestas es hacer efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en diversos ámbitos hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto implica que se deleguen facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
Otra de las medidas que desguaza el estado es el proyecto de privatización de empresas y sociedades de propiedad estatal, como Aerolíneas Argentinas, YPF, Banco Nación, Casa de Moneda, Correo Argentino, ARSAT, AySA, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Télam y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otras. El Gobierno pretende constituir sociedades anónimas en las cuales el Poder Ejecutivo mantendrá una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.
Otra medida que ha generado gran preocupación es la propuesta de modificar el artículo 194 del Código Penal para endurecer las penas a los manifestantes. El Gobierno busca penar con dos a cuatro años de cárcel a quienes interrumpan el servicio de transporte público con un arma, y con dos a cinco años a quienes organicen una reunión o manifestación que obstaculice la circulación o el transporte público o privado, estén o no presentes en el lugar. Además, se propone penar con tres a seis años de cárcel a quienes amenacen a una persona.
Permiso para disparar
Asimismo, la propuesta del Gobierno es reformar el artículo 34 del Código Penal para extender la definición de la legítima defensa y habilitar que no serán penados quienes obren "en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo".
El Código vigente, por el contrario, establece que "las fuerzas de seguridad podrán hacer uso del arma de fuego cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo".
Proyecto de ley completo;
