En una nota enviada por FATPREN, FIP y FePALC el 7 de noviembre, que aún no tuvo respuestas, solicitaron a la plataforma saber qué acciones están tomando “para limitar, desalentar o prohibir la difusión de contenidos basados en discursos de odio o que niegan o relativizan la ocurrencia de eventos violentos”.
Argentina17 de noviembre de 2023
Sures Noticias
En una carta enviada de manera conjunta, por el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FePALC) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) solicitaron a Google conocer qué medidas se están tomando “para limitar, desalentar o prohibir la difusión de contenidos basados en discursos de odio o que niegan o relativizan la ocurrencia de eventos violentos”.
“En las últimas semanas volvió a tomar fuerza un discurso negacionista sobre el accionar y los efectos que tuvo la última dictadura cívico-militar, tanto sobre la población argentina como sobre la economía de nuestro país. Se derrama en varios sentidos en las redes sociales y las plataformas como YouTube”, advierte la nota, que enviaron el 7 de noviembre y hasta el momento no obtuvo respuestas.
Google y YouTube ya tomaron medidas para limitar, desalentar o prohibir la difusión de ese tipo de discursos en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, Myanmar y Turquía.
“No es menor lo que ustedes podrían hacer respecto del alojamiento, difusión, monetización y recomendación algorítmica de este tipo de contenidos. Sería importante, por ejemplo, enlazar esos contenidos con otros contenidos que muestren información fidedigna o que permitan entender esos discursos en un contexto más amplio, o que se habiliten auditorías sobre los efectos de estos discursos”, planteó la carta firmada por el secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi; su secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi; y la vicepresidenta de la FIP y FePALC, Zuliana Lainez.
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De acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social, la pobreza infantil llegó a un máximo histórico del 67,3% en la primera mitad de 2024, aunque finalizó el año en un 52,8% debido a cierta estabilidad en la macroeconomía y la reducción de la inflación. A pesar de esto, las desigualdades territoriales siguen siendo muy marcadas.
El dato se desprende de las 343 sentencias dictadas hasta hoy, desde el reinicio de los juicios en 2006. Un año antes la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En la actualidad hay 14 juicios en curso y casi 400 procesados. Las personas privadas de la libertad son 612 y casi 500 permanecen en arresto domiciliario.
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