En una nota enviada por FATPREN, FIP y FePALC el 7 de noviembre, que aún no tuvo respuestas, solicitaron a la plataforma saber qué acciones están tomando “para limitar, desalentar o prohibir la difusión de contenidos basados en discursos de odio o que niegan o relativizan la ocurrencia de eventos violentos”.
La Defensoría del Púbico emitió un dictamen, a partir de los más de 500 reclamos recibidos por el abordaje realizado en un medio de comunicación sobre la salud y la intimidad de la vicepresidenta y su hija.
La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) advirtió hoy que el “trato mediático inadecuado” sobre la hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “evidenció la violación total del derecho a la intimidad de una persona, la ausencia de las más elementales normas éticas, pero fundamentalmente, el desconocimiento de las normas vigentes en relación al trato que los medios se encuentran obligados a cumplir según la ley”.
El 4° Seminario Internacional “Los desafíos de la comunicación ante los discursos de odio” se desarrollará entre hoy y mañana en Tucumán, con la exposición de prestigiosos juristas, académicos y periodistas que reflexionarán y brindarán estrategias para contrarrestar estos modos de comunicación. El encuentro, que se desarrollará en el salón del Jockey Club, ubicado en San Martín 451 de la capital tucumana, se iniciará hoy a las 8.30 con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo.
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
Unas 40 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la firma del convenio que permitirá poner en marcha la formación. Autoridades provinciales rescataron el valor de la educación y la formación en todos los niveles.