El Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón (foto de portada), pidió la elevación a juicio de la causa iniciada contra el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, Emanuel Berardo, Soledad Cristina Díaz García, Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano por participar de la Marcha contra el Hambre realizada el pasado 5 de abril acusándolo -junto a otros dirigentes sociales- como “coautores de los delitos de Desobediencia a la Autoridad e Impedimento u Obstrucción de Transporte o Servicios Públicos en concurso material (arts. 45, 239, 194 y 55 del Código Penal)”. Habrá una movilización nacional el 9 de noviembre contra la criminalización de la protesta.
Córdoba01 de noviembre de 2023
Sures Noticias
A la hora de describir los hechos el Fiscal asegura que “en el marco de ejecución de un plan de jornada nacional de protestas bajo la consigna ‘Piquetazo Nacional’ que había sido resuelto por la Unidad Piquetera Nacional en plenario reunido en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires el día tres de marzo de 2023, los imputados (con diferente grado de participación -Giuliani figura como adherente a la medida-) lideraron la protesta en la ciudad de Córdoba”.
A renglón seguido el Fiscal de Aragón cita: “El cuadro probatorio se integra con Testimonial de Waldo Marcos Fernández Feddy; Comisario Mayor Iván Alejandro Rey, Gustavo Ramón Ceballos, Osvaldo Alejandro Moyano, Cabo Primero Néstor Daniel Amin, Sargento Pablo Roberto Torres, Cabo Ezequiel Oliva, Sargento Hugo Flores, Comisario Javier Adolfo Ercoli”.
Los principales testigos de la Fiscalía son los propios policías entrenados para reprimir los piquetes y recurrentes protagonistas de casos de “Gatillo Fácil”. Por otra parte, “se incorporó a la investigación un informe de ‘Fuentes Abiertas’ confeccionado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones relevando los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados” y “se adiciona al plexo probatorio, los informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policia Judicial (DIO) analizando: Los antecedentes de la movilización del día 5-4-2023 ‘piquetazo nacional’, el lugar del hecho, las publicaciones de prensa de las agrupaciones y de los medios de comunicación, el lugar que ocupan en la estructura de las organizaciones y gremios cada uno de los imputados”.
El espionaje a las organizaciones libres del pueblo para reprimir la movilización y el reclamo colectivo va de la mano con lo afirmado oportunamente por la Jefa de la Policía, Liliana Zárate, quien confirmó que la Fuerza realiza en la previa de cada marcha un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes, y que la identificación in situ de los organizadores no es inconveniente ya que despliegan policías de civil y cuentan con el registro de cientos de cámaras dispuestas en la mayoría de las esquinas del casco céntrico de la ciudad de Córdoba. Un combo de inteligencia interior para sofocar el conflicto social que atenta directamente contra el estado de Derecho.
La CTA-A rechaza y repudia el asedio judicial
Federico Giuliani, CTA A
La CTA-A Córdoba repudió en un comunicado de prensa la ofensiva política, judicial y mediática contra los movimientos populares y remarcó que “en lugar de atender la agenda de necesidades que plantean la pobreza, la falta de trabajo, el hambre y la inseguridad, el Gobierno -a través de la Justicia adicta- persiga y procese a los que salimos a la calle para denunciar la crisis económica y social que se lleva puesto los derechos básicos a una vida digna que padece la inmensa mayoría de la población”.
“Es inaceptable que, ante la crisis social y económica imperante, donde la lucha necesariamente se profundiza, las prácticas persecutorias y criminalizadoras de la protesta social se refuercen. Una decisión de estas características pretende constituirse en un mecanismo disciplinador y de amedrentamiento para quienes luchan frente a tantas injusticias”, enfatiza la nota.
Y agrega: “Seguiremos denunciando e interviniendo cada vez que los reclamos genuinos y legítimos de la clase trabajadora se resuelvan criminalizando y judicializando la protesta. Ni luchar ni protestar es delito. Desde nuestra organización no claudicaremos en este reclamo, menos aun cuando tocan a un compañero, y seguiremos exigiendo el cese de la persecución política. Rechazamos la imputación y nos convocamos a redoblar fuerzas para poner freno al destino que quieren imponer a dirigentes y luchadores populares”.
“El Gobierno y la Justicia de Córdoba tienen que tener ‘tolerancia cero’ con la corrupción, la inseguridad que golpea a los que menos tienen, la violencia institucional de la Policía, el hambre y la marginalidad crecientes, en lugar de asediar a los que luchan para que vuelva a imperar la Justicia Social en la provincia y el país”, remata la declaración de la CTA-A de la provincia de Córdoba.
Se realizó en el marco del programa que ejecuta el Ministerio de Infraestructura para las cooperativas con el objetivo de brindar herramientas para impulsar prácticas de infraestructura amigables con el medio ambiente. Además, la propuesta busca promover la inclusión laboral y el fortalecimiento de capacidades técnicas en sectores populares.
Este lunes, Petroquímica Río Tercero informó sobre una profunda reestructuración que incluirá el despido de 125 empleados, mientras que la empresa ha militarizado sus instalaciones. Según el Sindicato Químico, estas cesantías impactan tanto a trabajadores afiliados como a personal jerárquico.
Se trata de la segunda instancia que completa un minucioso proceso de evaluación con foco en la consolidación institucional y el mejoramiento sostenido de la Universidad Provincial de Córdoba. La visita de miembros de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) consistió en una agenda semanal en la que se abordó integralmente la labor que realiza la UPC en sus distintas dimensiones.
El tránsito permanece interrumpido a la altura de la mencionada localidad desde hace más de 48 horas. El corte se produjo por la caída de una pasarela peatonal construida por el Gobierno Nacional en 2017. La ruta y la estructura son de jurisdicción nacional.
Un repaso por las propuestas de la Agencia Córdoba Cultura para los próximos días. Hay propuestas artísticas ideales para disfrutar en familia durante el receso invernal.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habia presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la responsabilidad del Estado argentino respecto al funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio, Córdoba.
El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
En un contexto de retroceso institucional y desfinanciamiento a las políticas de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del Nieto 140, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. “La identidad siempre florece”, celebraron. Esta tarde, brindarán detalles en una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad.
Un repaso por las propuestas de la Agencia Córdoba Cultura para los próximos días. Hay propuestas artísticas ideales para disfrutar en familia durante el receso invernal.
La cantante de Satélite Kingston falleció, no se pudo recuperar tras la interrupción gubernamental de su tratamiento oncológico. Su lucha judicial expone la cara más cruel del recorte sanitario del Coso Javier Milei.
Este lunes, Petroquímica Río Tercero informó sobre una profunda reestructuración que incluirá el despido de 125 empleados, mientras que la empresa ha militarizado sus instalaciones. Según el Sindicato Químico, estas cesantías impactan tanto a trabajadores afiliados como a personal jerárquico.
Exhortó al tribunal de juicio a preservar la prueba en casos de crímenes de lesa humanidad y ratificó por mayoría la condena al exministro de Gobierno bonaerense y por unanimidad la de un exefectivo de la Comisaría 1era de Berazategui por el asesinato de Wenceslao Orué y el secuestro y las torturas de sus familiares, dos de ellos menores de edad. Las penas habían sido dictadas el año pasado por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata.
Las CTAs llevaron a cabo un plenario conjunto en el que delinearon un programa para construir una Argentina diferente y trazaron una hoja de ruta. Entre las propuestas clave destacaron la revisión de la deuda con el FMI, la implementación de una política de ingresos que beneficie a las mayorías, una reforma judicial y la promoción de un juicio político contra Javier Milei.
Medios comunitarios y cooperativos exigen al Estado la liberación de fondos, denuncian censura y falta de transparencia, mientras se agrava el desfinanciamiento en el sector. Este miércoles marchan al ENACOM. En tanto Milei eliminó programas del ENACOM que beneficiaban a PYMES