Ayer tarde organizaciones integrantes de la multisectorial se concentraron en las inmediaciones de la Casa de Jujuy en nuestra ciudad para manifestar el rechazo a la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales de Jujuy, el apoyo a la lucha de pueblos originarios y docentes y la exigencia de la libertad de todxs lxs detenidxs. Pudo advertirse la presencia de referentes politicos del FITU, VAMOS, PG y de DDHH
Córdoba 15 de julio de 2023
Sures Noticias
El colectivo Malon Vive y el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba posteriormente marcharon hacia la histórica Casa Radical a continuar la protesta.
Fotos Foro x los DDHH y Sandra Bertea
Amnistía Internacional lanzó acción global por la liberación de abogado referente en DDHH
La organización Amnistía Internacional (AI) lanzó una "acción urgente global" para que sus seguidores de más de 160 países puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para solicitar la liberación de Alberto Nallar, un defensor de derechos humanos que fue detenido en la provincia esta semana en el marco del "operativo represivo" del gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales (JxC)
En un comunicado, la organización exhortó a Morales a "poner freno, de modo urgente, a la violencia, represión y criminalización en la provincia y garantizar y respetar el derecho a la protesta en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos".
Exigen la liberación de doce manifestantes detenidos en San Salvador y Humahuaca
Integrantes de la Multisectorial Jujuy, organizaciones sociales y de derechos humanos se manifestaron esta tarde en las adyacencias de la unidad penal del Barrio Alto Comedero para reclamar la liberación de 12 personas detenidas en esa provincia en el contexto de las protestas que se llevan a cabo contra la reforma de la constitución local que impulsó el Gobierno de Gerardo Morales
Los detenidos son Santiago Zamora, Walter Armando Puca, Martín Antonio Abad, José Iván Blacutt, Mayuk Nasib Mamani, Dan Leonel Liborio, Héctor Luis Gerónimo, Gabino Cruz y José Darío Donaire, quienes supuestamente participaron de los enfrentamientos con la policía en inmediaciones de la Legislatura local el 20 de junio último tras la aprobación de la modificación de la Carta Magna provincial en una breve sesión de la Asamblea Constituyente.
A ellos se suman Agustín Zamboni, Renzo Laguna y Rolando Tapia, quienes fueron apresados el 1 de julio por diversas acusaciones enmarcadas en la represión policial que se desarrolló ese día en la ciudad de Humahuaca.
Todos permanecen encarcelados en el penal del barrio Alto Comedero de la capital jujeña por orden del juez de Control en lo Penal Económico Rodolfo Fernández, tras el pedido de los representantes del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Fernando Alancay, Diego Funes y Walter Rondón.
"Atentado a la autoridad", "resistencia a la autoridad", "lesiones leves", "daños a bienes de uso público", "estrago", "estorbo funcional y entorpecimiento funcional de transporte terrestre", son los supuestos delitos que les imputaron a los manifestantes.
“Liberación a los presos por luchar”, “basta de represión”, “abajo la reforma, arriba los derechos”, rezaban algunas de las consignas de las personas concentradas a las afueras del establecimiento penitenciario.
“Ayer en horas de la madrugada golpearon la puerta de mi casa en un operativo del que participaron al menos 20 policías, entraron y se llevaron preso a mi pareja”, relató Miriam Morales, esposa de Santiago Zamora.
La referente social denunció en una entrevista televisiva “a nosotros nos incendiaron el auto el mismo 20 de junio, día de la represión porque la violencia fue organizada por el Gobierno jujeño”, sostuvo sobre los hechos acción policial.
Por su parte, Mariana Vargas, abogada de derechos humanos que asiste a algunos de los detenidos expresó las acusaciones “son todo un atropello porque los fiscales no acusan en relación a las pruebas, sino que está claro que se acusa porque así lo quiere Gerardo Morales”.
“Acá se ha violado el debido proceso y hemos planteado que la acusación es una infamia”, agregó la letrada para luego repudiar pretende “requerir una prisión preventiva de 40 días para los acusados por el supuesto peligro de fuga”, reprochó.
Los manifestantes mantenían su protesta a pesar de las bajas temperaturas que se registran en la capital provincial, unidos en los cánticos dedicados al mandatario provincial apuntándolo como responsable de esta situación.
Están acusados de ser los autores materiales del incendio forestal que se inició el domingo pasado. Quedaron a disposición de la fiscalía de segunda nominación, a cargo de la Doctora María Eugenia Ferreyra. El incendio se encuentra en guardia de cenizas.
La adhesión se da en el marco de la propuesta elaborada por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, del que forma parte el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, con el objetivo de dar cumplimiento a los estándares internacionales de la debida diligencia reforzada.
Este miércoles se realizó la audiencia en la Secretaria de Trabajo de la Provincia, de la que participaron los sindicatos que representan a los trabajadores y las trabajadoras y delegados del multimedio. Las autoridades del Directorio de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC ni sus representantes legales se presentaron a la audiencia y sus trabajadorxs siguen sin cobrar los sueldos y el aguinaldo en una situación crítica.
En su décima sesión ordinaria del 146° período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó por mayoría este miércoles -y luego del voto nominal a viva voz de cada legislador- el texto compatibilizado de tres proyectos que expresan preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión (SRT). Todos los bloques votaron a favor de la iniciativa conjunta, a excepción de los tres representantes del bloque PRO (se abstuvieron) y del legislador del bloque unipersonal de La Libertad Avanza (votó en contra).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
La Comunidad Pluma Blanca, junto con diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos políticos de apoyo a comunidades indígenas, convoca a una movilización el próximo 25 de julio de 2024 a las 9 hs. en Tribunales Penales de Córdoba Capital, Cámara Criminal Número 2. Fructuosa Rivera 720. En esa fecha se llevará a cabo la última audiencia en la Cámara Criminal Número 2 de los Tribunales Penales de Córdoba Capital, donde se presentarán los alegatos y se dictará el veredicto en la causa que investiga crímenes contra la integridad sexual y amenazas hacia una integrante femenina de dicha comunidad.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.