Ayer tarde organizaciones integrantes de la multisectorial se concentraron en las inmediaciones de la Casa de Jujuy en nuestra ciudad para manifestar el rechazo a la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales de Jujuy, el apoyo a la lucha de pueblos originarios y docentes y la exigencia de la libertad de todxs lxs detenidxs. Pudo advertirse la presencia de referentes politicos del FITU, VAMOS, PG y de DDHH
Córdoba15 de julio de 2023
Sures Noticias
El colectivo Malon Vive y el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba posteriormente marcharon hacia la histórica Casa Radical a continuar la protesta.
Fotos Foro x los DDHH y Sandra Bertea
Amnistía Internacional lanzó acción global por la liberación de abogado referente en DDHH
La organización Amnistía Internacional (AI) lanzó una "acción urgente global" para que sus seguidores de más de 160 países puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para solicitar la liberación de Alberto Nallar, un defensor de derechos humanos que fue detenido en la provincia esta semana en el marco del "operativo represivo" del gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales (JxC)
En un comunicado, la organización exhortó a Morales a "poner freno, de modo urgente, a la violencia, represión y criminalización en la provincia y garantizar y respetar el derecho a la protesta en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos".
Exigen la liberación de doce manifestantes detenidos en San Salvador y Humahuaca
Integrantes de la Multisectorial Jujuy, organizaciones sociales y de derechos humanos se manifestaron esta tarde en las adyacencias de la unidad penal del Barrio Alto Comedero para reclamar la liberación de 12 personas detenidas en esa provincia en el contexto de las protestas que se llevan a cabo contra la reforma de la constitución local que impulsó el Gobierno de Gerardo Morales
Los detenidos son Santiago Zamora, Walter Armando Puca, Martín Antonio Abad, José Iván Blacutt, Mayuk Nasib Mamani, Dan Leonel Liborio, Héctor Luis Gerónimo, Gabino Cruz y José Darío Donaire, quienes supuestamente participaron de los enfrentamientos con la policía en inmediaciones de la Legislatura local el 20 de junio último tras la aprobación de la modificación de la Carta Magna provincial en una breve sesión de la Asamblea Constituyente.
A ellos se suman Agustín Zamboni, Renzo Laguna y Rolando Tapia, quienes fueron apresados el 1 de julio por diversas acusaciones enmarcadas en la represión policial que se desarrolló ese día en la ciudad de Humahuaca.
Todos permanecen encarcelados en el penal del barrio Alto Comedero de la capital jujeña por orden del juez de Control en lo Penal Económico Rodolfo Fernández, tras el pedido de los representantes del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Fernando Alancay, Diego Funes y Walter Rondón.
"Atentado a la autoridad", "resistencia a la autoridad", "lesiones leves", "daños a bienes de uso público", "estrago", "estorbo funcional y entorpecimiento funcional de transporte terrestre", son los supuestos delitos que les imputaron a los manifestantes.
“Liberación a los presos por luchar”, “basta de represión”, “abajo la reforma, arriba los derechos”, rezaban algunas de las consignas de las personas concentradas a las afueras del establecimiento penitenciario.
“Ayer en horas de la madrugada golpearon la puerta de mi casa en un operativo del que participaron al menos 20 policías, entraron y se llevaron preso a mi pareja”, relató Miriam Morales, esposa de Santiago Zamora.
La referente social denunció en una entrevista televisiva “a nosotros nos incendiaron el auto el mismo 20 de junio, día de la represión porque la violencia fue organizada por el Gobierno jujeño”, sostuvo sobre los hechos acción policial.
Por su parte, Mariana Vargas, abogada de derechos humanos que asiste a algunos de los detenidos expresó las acusaciones “son todo un atropello porque los fiscales no acusan en relación a las pruebas, sino que está claro que se acusa porque así lo quiere Gerardo Morales”.
“Acá se ha violado el debido proceso y hemos planteado que la acusación es una infamia”, agregó la letrada para luego repudiar pretende “requerir una prisión preventiva de 40 días para los acusados por el supuesto peligro de fuga”, reprochó.
Los manifestantes mantenían su protesta a pesar de las bajas temperaturas que se registran en la capital provincial, unidos en los cánticos dedicados al mandatario provincial apuntándolo como responsable de esta situación.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
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La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.