Es el cuarto tramo de esta causa que llega a juicio por el funcionamiento de la División Cuatrerismo de La Matanza de la Policía bonaerense. Los acusados deberán responder por tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte y homicidios agravados perpetrados en perjuicio de 185 personas perseguidas políticas antes del golpe de Estado de 1976 y entre junio de ese año y enero de 1979.
Argentina06 de abril de 2023
Sures Noticias
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 inició ayer el juicio a cuatro expolicías y dos exmilitares en el marco del cuarto tramo de la causa por los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención que funcionó en la División Cuatrerismo de La Matanza dependiente de la Policía bonaerense, conocido también por los nombres de “Puente 12”, "Protobanco" y “Cuatrerismo". En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la fiscal federal de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado y titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, y los auxiliares fiscales de la misma dependencia, Esteban Bendersky y Viviana Sánchez.
En el debate se abordan privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, aplicación de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte y homicidios agravados en perjuicio de 185 perseguidas y perseguidos políticos. Los acusados son el exteniente primero del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino Enrique José Del Pino; el exoficial principal Enrique Osvaldo Gauna, el excabo Carlos Alberto Tarantino y el excabo Ángel Salerno, quienes revistaban en la División Cuatrerismo de La Matanza; el exoficial de la Policía bonaerense, Néstor Alberto Ciaramella; y el excapitán de infantería del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, Walter Roque Minod.
Durante la audiencia de inicio -que fue trasmitida en vivo por Youtube por el medio comunitario La Retaguardia- el tribunal, integrado por los jueces Daniel Horacio Obligado e Ignacio Carlos Fornari y la jueza Sabrina Namer- leyó los requerimientos de elevación juicio. La audiencia fue seguida también por medios virtuales por la jueza sustituta Adriana Palliotti. Tras las lecturas, el tribunal declaró abierto formalmente el debate y no hubo planteos preliminares de ninguna de las partes. Posteriormente, la auxiliar fiscal Sánchez solicitó incluir una pregunta a los acusados al momento de su identificación en el proceso, durante sus declaraciones indagatorias, respecto a su participación en empresas de seguridad privada, e hizo una aclaración respecto a las acusaciones respecto de Del Pino y la temporalidad de su presencia en aquel centro clandestino de detención.
A continuación, los seis acusados se negaron a prestar declaración indagatoria y negaron su participación en empresas de seguridad privada, a raíz de la pregunta realizada por la fiscalía. Asimismo, el MPF solicitó que se incorpore en el juicio la declaración de Del Pino en la causa por los centros clandestinos de detención Atlético-Banco-Olimpo y las declaraciones de Salerno y Tarantino en el tramo anterior de la causa "Puente 12".
Tras un cuarto intermedio de diez minutos, los testigos Oscar Carbonelli y Juan Miguel Bounet prestaron declaración testimonial, que no fueron transmitidas por Youtube luego que el tribunal hiciera lugar a una solicitud de las defensas. La próxima audiencia se realizará el 14 de abril a las 11.00 y se prevé la declaración de seis testigos.
En la audiencia de apertura, los seis acusados se negaron a prestar declaración indagatoria y declararon los dos primeros testigos. El tribunal dispuso que los testimonios recibidos en el proceso no sean transmitidos en vivo.
Puente 12
El centro clandestino de detención y tortura (CCDT) “Puente 12” funcionó, en las instalaciones de la División Cuatrerismo de La Matanza, ubicada en Autopista Richieri y Camino de Cintura, en el partido de La Matanza, y se encontraba bajo la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en esa época -junio de 1976 a enero de 1979- por el fallecido comisario general Miguel Osvaldo Etchecolatz. El CCDT se encontraba en el área geográfica 114 de la subzona 11, bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército. El establecimiento fue conocido originariamente bajo el nombre de “Cuatrerismo Brigada Güemes”, debido a que pertenecía a la “Agrupación General Güemes”. Fue conocido también como “Puente 12" por su ubicación geográfica.
Funcionó, incluso, con anterioridad al golpe de estado de 1976 y en él actuaron en forma conjunta o alternada personal del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía bonaerense. También intervino personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Imputaciones
De acuerdo con los requerimientos de elevación a juicio, las acusaciones son las siguientes:
Gauna llegó acusado en calidad de coautor directo de los delitos de privación ilegítima de la libertad -en 37 casos agravada por su duración de más de un mes- y de aplicación de tormentos respecto de 183 personas, en concurso ideal con el delito de tormentos seguido de muerte de 3 personas. A su vez, se lo acusa de haber intervenido, en calidad de partícipe necesario, en el homicidio, doblemente agravado, de 21 personas.
Tarantino está acusado en calidad de coautor del delito de privación ilegal de la libertad de 134 personas -en 37 casos agravada por su duración superior a un mes-, como de la aplicación de tormentos respecto de las mismas víctimas, en concurso ideal con el delito de tormentos seguido de muerte de 3 personas. Además, se lo imputó en calidad de partícipe necesario en los homicidios doblemente agravado de 16 víctimas.
Ciaramella debe responder por el delito de privación ilegal de la libertad en calidad de coautor reiterada en 171 ocasiones -37 casos agravados por su duración mayor a un mes-, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en la misma cantidad de casos, en concurso ideal con el delito de tormentos seguidos de muerte de 3 personas –en calidad de coautor–, y como partícipe necesario en el homicidio doblemente agravado de 21 personas.
Salerno, en tanto, está acusado del delito de privación ilegal de la libertad reiterado en 134 ocasiones -37 agravadas por su duración mayor a un mes-, en concurso ideal con imposición de tormentos reiterados en 134 ocasiones y con el delito de tormentos seguidos de muerte de 3 personas, en calidad de coautor. Además, se lo considera partícipe necesario en el homicidio doblemente agravado de 16 personas.
José Del Pino está imputado en calidad de coautor del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas de 51 víctimas -25 se encuentran agravadas por su duración superior a un mes-, en concurso ideal con imposición de tormentos en la misma cantidad de casos.
Finalmente, Minod llegó acusado a debate por haber intervenido en calidad de autor mediato en la privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas, de 2 víctimas.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.